ARTÍCULO DE OPINIÓN/ «¿Y si los Ayuntamientos pudieran intervenir directamente el precio de los alquileres sin pedir permiso a nadie? Amparándose en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Estatal de Vivienda, Ganar Alcorcón hacía esta propuesta de reforma de la mentada legislación a mediado de octubre. Intentaba, así, dar una respuesta al bloqueo que la mayoría de los gobiernos autonómicos están practicando a la hora de declarar zonas de mercado tensionado, un procedimiento fundamental para poder intervenir sobre los alquileres abusivos.
La propuesta no sólo sería pragmática, directa y efectiva, sino que supondría el desarrollo de una de las grandes asignaturas de nuestro constitucionalismo: el del municipalismo democrático.
«¿Por qué razones sería deseable que fueran los Ayuntamientos los que pudieran intervenir directamente los precios del alquiler?»
Pero vamos por partes, ¿por qué razones sería deseable que fueran los Ayuntamientos los que pudieran intervenir directamente los precios del alquiler?
En primer lugar, permitiría actuar con mayor celeridad frente a una urgencia nacional como es la burbuja del alquiler.
La mayoría de la ciudadanía no entiende que, para proteger a los vecinos frente a la especulación, las instituciones democráticas tengan que pasar por una verdadera gymkhana administrativa. La medida ahorraría burocracia, acortaría tiempos y permitiría una respuesta inmediata, apegada a las urgencias del territorio.
En segundo lugar, sacaría el control de los alquileres de una eterna pelea entre administraciones que está acabando con la paciencia del país.
Que el Ayuntamiento solicite esta declaración y el Gobierno autonómico lo tenga que realizar nos mete en un bucle que alimenta titulares y tácticas políticas, pero aleja permanentemente el horizonte de solución. Además, el choque parlamentario gobierno-oposición, muchas veces impostado, incoherente y alejado del debate político a pie de calle, contribuye a alimentar el hartazgo y el descontento ciudadano. La medida alejaría el control de los alquileres del tacticismo político-mediático y desactivaría la pelea entre administraciones para colocar el foco en la lucha verdaderamente importante: la del derecho constitucional a la vivienda frente al abuso de los rentistas.
«El choque parlamentario gobierno-oposición, muchas veces impostado, incoherente y alejado del debate político a pie de calle, contribuye a alimentar el hartazgo y el descontento ciudadano»
En tercer lugar, evitaría castigos injustos de los Gobiernos autonómicos sobre municipios «díscolos» o que no tengan voz.
Porque en una cuestión como el control de alquileres, nadie debería ser castigado u olvidado por su orientación política o su peso demográfico. Tampoco debería de intentar «ahogarse» a los Ayuntamientos de signos políticos rivales con esta cuestión. La mejor manera de evitar esta práctica perversa es darle la capacidad de intervención directamente al Ayuntamiento.
En cuarto lugar, alejaría esta política de la disciplina de partido para acercarla a la relación directa entre la representación política municipal y los votantes.
Si ustedes van a la política municipal se sorprenderán de alcaldesas y alcaldes que, por pragmatismo, presión o cercanía con sus votantes, aplican políticas que no parecerían de sus partidos. Sin el foco mediático generalista constante, la presión de las cúpulas de partido sería menor y una buena parte de las corporaciones municipales valorarían aplicar esta medida bien por convicción o bien por simple utilitarismo. La medida empoderaría a la política municipal frente a la estatal y la autonómica, a la vez de empoderar a los vecinos frente a sus representantes en esta cuestión.
«La medida empoderaría a la política municipal frente a la estatal y la autonómica, a la vez de empoderar a los vecinos frente a sus representantes en esta cuestión»
En quinto lugar, fortalecería la acción colectiva y asociativa por el derecho a la vivienda arraigada al territorio.
Al acercar el centro de decisión a lo municipal, las concejalas y concejales responsables ya están al alcance. Tienen nombres, apellidos y, al menos, un pleno donde encontrarlos presencialmente cada mes. Esto daría más poder a los colectivos sociales, dándole más fuerza a todas las formas de acción colectiva (recogidas de firmas, campañas de concienciación, concentraciones?). También contribuiría a un clima más democrático y plural a pie de barrio Y, en sexto lugar, desarrollaría la gran área pendiente de nuestra trayectoria constitucional: el autogobierno municipal.
La medida reconciliaría nuestro constitucionalismo con la agenda municipalista, acercaría decisiones sobre el control de los alquileres a los vecinos y daría a los Ayuntamientos un papel clave en la lucha contra la especulación, contribuyendo a reencontrar, desde la cercanía y la intervención directa, a la ciudadanía con la política pública. Además, sería una política con implicaciones descentralizadoras y desconcentradoras que repartiría poder, por lo que el ecosistema de los partidos nacionalistas, fundamental para aprobar la reforma legislativa, tendría difícil argumentar su oposición.
En España, se practicó la descentralización hacia las Comunidades Autónomas, pero se cercenó la autonomía de los Ayuntamientos. La concepción de lo municipal como una «liga de tercera regional» y el especial castigo de las políticas de austeridad han ido arrinconando a los Ayuntamientos, que cada vez tienen menos competencias, margen de actuación y medios para poder dar una respuesta directa a las necesidades de sus vecinas y vecinos.
«Vivimos en un país donde, más allá de las grandes capitales, lo municipal ha sido desplazado como centro de la acción político-mediática. Esto explica por qué los grandes partidos apenas hablan de lo municipal más allá de elecciones»
Vivimos en un país donde, más allá de las grandes capitales, lo municipal ha sido desplazado como centro de la acción político-mediática. Esto explica por qué los grandes partidos apenas hablan de lo municipal más allá de elecciones.
Creer en el municipalismo democrático no es practicar una suerte de localismo, sino redistribuir el poder para acercarlo a las vecinas y vecinos. Es liderar cambios estructurales para que los centros de decisión estén al alcance de las personas, bien para participar en ellos, bien para que rindan cuentas o bien tanto para revalidarlos como para castigarlos con el voto.
Que los Ayuntamientos ganen capacidad de intervención y fiscalización sobre los precios del alquiler nos convertiría en un país más justo y resiliente, dándole al pueblo una nueva herramienta para enfrentar al gran reto habitacional de nuestro tiempo. Porque frente al fracaso de la tecnocracia y los fundamentalistas del mercado la única salida justa pasa por afirmar la democracia. Y no existe mayor práctica democrática que darles más poder a los vecinos frente a los abusos del rentismo.»
David Comas es politólogo por la Universidad Complutense de Madrid, con máster en Liderazgo por la Universidad Carlos III y Máster en Política Mediática por la UCM. Ha trabajado como analista político, jefe de estrategia y director de campañas electorales