OPINIÓN MARÍA GÓMEZ PEÑALVER. «El episodio de la exdiputada Noelia Núñez vuelve a encender un debate que ya conocemos: alguien exagera, confunde o directamente inventa una credencial académica; arde la conversación pública; se piden dimisiones, explicaciones y perdones, y al poco tiempo el ciclo se repite con otro nombre propio.
Pero quizá estemos mirando al sitio equivocado. El problema no es solo ni principalmente la falta ética individual, sino el fallo sistémico de verificación en administraciones públicas, empresas y también en el deporte federado. Hemos construido un ecosistema donde basta con escribir algo en un CV, en LinkedIn o en una biografía institucional para que pase por verdad. Y en la era de la IA generativa, falsificar documentos, sellos, firmas o incluso trayectorias profesionales plausibles es cada vez más barato, más fácil y más difícil de detectar… si seguimos verificando como en 1998.
«El problema no es solo ni principalmente la falta ética individual, sino el fallo sistémico de verificación en administraciones públicas, empresas y también en el deporte federado»
Conviene plantearlo sin rodeos: ¿todas las titulaciones que circulan son realmente oficiales? Mucha gente adorna su currículum confundiendo a veces por ignorancia, a veces por conveniencia, conceptos que no son equivalentes. Un título oficial (reconocido por el Estado y registrado) no es un título propio universitario, que puede ser muy valioso pero no tiene la misma validez legal ni los mismos efectos habilitantes.
Una certificación privada emitida por una entidad o empresa puede ser útil en el mercado, pero no es lo mismo que una habilitación profesional otorgada por una administración o un colegio profesional. La homologación o equivalencia de títulos extranjeros no es automática ni universal. Y ahora aparecen las microcredenciales y los “badges” digitales: formaciones parciales con potencial, sí, pero que todavía viven en un limbo normativo y semántico donde es muy fácil vender humo. Si el propio sistema no establece una taxonomía clara y accesible, ¿por qué nos sorprendemos cuando alguien la explota?
«En demasiadas empresas, salvo en puestos muy regulados o críticos, la comprobación es superficial: un PDF adjunto, un vistazo rápido, quizá una llamada informal»
La pregunta que sigue es inevitable: ¿hasta qué punto verifican hoy las organizaciones? En demasiadas empresas, salvo en puestos muy regulados o críticos, la comprobación es superficial: un PDF adjunto, un vistazo rápido, quizá una llamada informal.
En las administraciones públicas, los procesos reglados como las oposiciones sí obligan a presentar y cotejar documentación, pero los nombramientos políticos o el personal eventual habitan una zona gris donde la fe o el cálculo reputacional pesa más que la trazabilidad. En las federaciones deportivas, los reglamentos son heterogéneos, los sistemas poco interoperables y la verificación suele activarse a posteriori, cuando alguien protesta o aparece un conflicto. La asimetría de incentivos es brutal: mentir cuesta minutos; verificar bien, tiempo, dinero y procedimientos que muchos perciben como fricción innecesaria.
La IA no inventa el problema, pero lo acelera. Antes, falsificar un diploma con apariencia creíble requería tiempo, conocimientos técnicos y cierto riesgo. Hoy cualquiera puede generar en minutos documentos con tipografías correctas, sellos calcados y firmas “verosímiles”. Peor aún: puede producir narrativas completas cartas de recomendación, abstracts de publicaciones, descripciones técnicas que resisten una primera mirada humana.
«El coste marginal de la falsificación ha caído. El de la verificación, en cambio, sigue siendo alto, fragmentado y analógico. Y sin embargo, la misma IA ofrece también la contramedida»
El coste marginal de la falsificación ha caído. El de la verificación, en cambio, sigue siendo alto, fragmentado y analógico. Y sin embargo, la misma IA ofrece también la contramedida: modelos capaces de cruzar datos entre registros, detectar inconsistencias, asignar scores de riesgo y automatizar alertas que prioricen la revisión humana donde más falta hace. Lo que falta no es tecnología: es gobernanza, estándares y voluntad de implementarlos.
¿Qué hacer? Primero, trasladar la verificación al origen. Las credenciales oficiales deberían emitirse digitalmente con firmas criptográficas y códigos QR que permitan validar, en segundos y desde cualquier dispositivo, que el documento es auténtico y que la persona a la que se atribuye es quien dice ser. Eso exige un registro público, interoperable y tamper‑proof donde universidades, administraciones, colegios profesionales y federaciones puedan consultar de manera segura.
Segundo, protocolizar la verificación: para posiciones de responsabilidad política, gestión pública o alta dirección, debería existir un checklist mínimo y obligatorio, auditorías aleatorias publicadas y sanciones no solo para quien miente, sino para quien no verifica cuando tiene la obligación de hacerlo.
Tercero, transparencia semántica: las biografías institucionales y los CV públicos deben distinguir explícitamente entre títulos oficiales, propios, certificaciones privadas y habilitaciones profesionales.
Cuarto, usar la IA a favor de la integridad: sistemas que automaticen el cruce de fuentes, disparen banderas rojas y reduzcan el coste de comprobar, no solo el de falsificar. Quinto, educar al mercado de la formación: portales oficiales en los que introducir el nombre de un programa y obtener al instante si es oficial, propio, privado o simplemente marketing disfrazado de máster.
«El caso Núñez, como tantos anteriores y los que vendrán, no es un meteorito aislado que cae en un cielo sereno: es un espejo que refleja un ecosistema mal diseñado»
Las objeciones son previsibles. “Verificarlo todo es carísimo”. Sí, pero más caro es gestionar el daño reputacional, jurídico y operativo de descubrir tarde que alguien sin la cualificación prometida ha tomado decisiones con dinero público, ha gestionado equipos o ha intervenido en procesos críticos. “Es un ataque a la privacidad”. No se trata de publicar el expediente de nadie, sino de validar criptográficamente lo pertinente para el rol que se desempeña. “La confianza es la base de la vida pública y de las relaciones laborales”. Cierto. Precisamente por eso, la confianza debe construirse sobre procedimientos verificables, no sobre PDFs adjuntos y declaraciones juradas.
El caso Núñez, como tantos anteriores y los que vendrán, no es un meteorito aislado que cae en un cielo sereno: es un espejo que refleja un ecosistema mal diseñado. Mientras no abordemos la raíz qué significa “título”, quién lo emite, cómo se comprueba, quién responde si falla y con qué consecuencias seguiremos atrapados en el espectáculo cíclico de la indignación, la dimisión a regañadientes o la impunidad según sople el viento. La pregunta ya no es quién miente hoy, sino por qué seguimos poniendo tan barato mentir y tan caro comprobar. Y la respuesta, si queremos que cambie algo, no está en el próximo trending topic, sino en construir por fin un sistema de credenciales verificables, interoperables y transparentes que convierta la trampa en una excepción arriesgada, y no en una tentación cotidiana».