Por María Gómez Peñalver – OPINIÓN. En España, educar no es gratis: es público. Lo pagamos entre todos a través de los impuestos, y su precio varía según la etapa educativa. En Educación Infantil el coste medio por alumno ronda los 5.400 euros anuales; en Primaria asciende a unos 5.600, y en Secundaria se eleva hasta casi 7.000. La lógica es sencilla: a medida que aumentan las exigencias del sistema especialización docente, laboratorios, atención a la diversidad u orientación escolar también lo hace el gasto.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid presenta una particularidad: combina un peso muy alto de la enseñanza concertada con un gasto público por alumno sensiblemente inferior al de otras regiones. Mientras el presupuesto educativo estatal crece cada año, la demanda de plazas públicas, especialmente en Formación Profesional, sigue superando con creces la oferta. En 2023, el Estado destinó 67.937,9 millones de euros a la educación, un 7 % más que el año anterior, aunque no todas las comunidades avanzan al mismo ritmo.
Madrid presume de eficiencia. Muestra buenos resultados académicos con un gasto relativamente bajo, y defiende su modelo como ejemplo de gestión racional. Pero la otra cara es menos brillante: la infrafinanciación crónica de los centros públicos, los edificios envejecidos, la interinidad del profesorado y las ratios elevadas, que acaban deteriorando la calidad. Cumplir la promesa de bajar las ratios a 22 alumnos en Primaria y 25 en ESO requerirá invertir mucho más por alumno.
La concertada madrileña escolariza casi a la mitad de los alumnos
En ese contexto, la equidad se convierte en una palabra frágil. La red concertada ofrece pluralidad y opciones, pero también puede segmentar socialmente. Las aportaciones “voluntarias”, los servicios complementarios y las actividades extracurriculares crean diferencias que no todos pueden asumir. En una región donde la concertada escolariza a más del 40 % del alumnado, el reto no es solo garantizar la libertad de elección, sino asegurar que esa libertad no dependa del nivel de renta.
A lo largo de las últimas décadas, presidentes, ministros y miembros de la Casa Real han optado por la enseñanza privada mientras defendían, desde la tribuna, la fortaleza de la escuela pública.
A este debate se suma una dimensión simbólica: la elección de muchos dirigentes públicos. El reciente rumor sobre la escolarización de los hijos del ex vicepresidente Pablo Iglesias reavivó un tema recurrente. No es un caso aislado. A lo largo de las últimas décadas, presidentes, ministros y miembros de la Casa Real han optado por la enseñanza privada mientras defendían, desde la tribuna, la fortaleza de la escuela pública.
¿Puede un responsable político promover un modelo y elegir otro para su familia? Algunos lo justifican apelando a la libertad individual y la conciliación; otros lo interpretan como incoherencia. En todo caso, revela una tensión constante entre el discurso institucional y la confianza real en el sistema público.
Diferencias significativas entre comunidades
Las cifras confirman además un contraste llamativo entre territorios. El País Vasco es la comunidad que más invierte por alumno en educación pública no universitaria, con 10.984 euros, casi el doble que Madrid, que se queda en 5.607. Navarra, Cantabria y Asturias también superan ampliamente esa media. La diferencia no es solo económica: refleja modelos de gestión y prioridades políticas opuestas. Mientras algunas comunidades apuestan por la inversión como herramienta de cohesión, Madrid insiste en la colaboración público-privada como camino hacia la eficiencia.
El problema no radica únicamente en cuánto se invierte, sino en cómo se gestiona. La educación pública representa un esfuerzo presupuestario inmenso y, sin embargo, en muchos casos cuesta más que la privada y ofrece peores condiciones. Infraestructuras deterioradas, burocracia, lentitud administrativa y falta de estabilidad docente conviven con un gasto por alumno que supera el de numerosos centros privados. Es una paradoja que apunta directamente a la gestión. ¿Cómo puede un sistema que absorbe más recursos ofrecer, a veces, menos calidad?
Esa percepción de ineficiencia explica por qué tantas familias, muchas de ellas de clase media o incluso modesta, eligen la privada o la concertada. No lo hacen necesariamente por estatus, sino por búsqueda de calidad. Buscan más inglés, más atención personalizada, más apoyo emocional, más presencia del docente, más conciliación familiar. En definitiva, buscan un entorno donde se sientan acompañados. Para muchos padres, la elección no es una ostentación, sino una inversión.
«Educación pública moderna, competitiva y cuidada»
Y conviene subrayarlo: quienes optan por la educación privada también sostienen con sus impuestos la pública. Pagan dos veces: por el colegio de sus hijos y por el sistema común. Es un matiz fundamental que a menudo se olvida en el debate público. No se trata de enfrentar modelos, sino de preguntarse por qué la red pública, pese a absorber la mayor parte del gasto, no logra siempre ofrecer los estándares de confianza, atención y calidad que las familias reclaman.
Los padres que optan por la educación privada también sostienen con sus impuestos la pública.
Madrid, y en general España, necesita alinear su inversión educativa con sus objetivos. No se puede exigir excelencia con presupuestos de mínimos ni eficiencia sin una buena gestión. La educación pública debe ser moderna, competitiva y cuidada; no solo un derecho, sino una elección deseable. Invertir en educación no es un gasto, es una política de futuro. Porque cada euro que se destina a la infancia y a la juventud multiplica su valor en cohesión social, innovación y bienestar colectivo.
Fuentes consultadas:
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Estadística del Gasto Público en Educación (2025); Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024; OCDE-PISA 2022; RTVE Noticias (26/06/2023); Maldita.es, verificación sobre el caso Iglesias (junio 2025).