La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido este lunes al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que acuda a la acampada que desde el sábado ocupa la Puerta del Sol y que escuche «con serenidad» a los jóvenes y las familias que se han instalado allí para defender su derecho a la vivienda.
Su petición llega pocas horas después de que el Consistorio acusara a la Delegación del Gobierno de «dejación de funciones» por haber permitido que los manifestantes permanecieran en la plaza.
La acampada nació al término de la marcha celebrada el sábado bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’, que según la Delegación del Gobierno reunió a unas 25.000 personas. De ellas, alrededor de 500 decidieron quedarse a dormir en Sol para exigir medidas contra los desahucios y la aprobación del llamado ‘decreto Maricarmen’, que toma el nombre de la vecina del distrito de Retiro que, a sus 87 años, fue desahuciada esta semana de la casa en la que había pasado siete décadas.
1.300 viviendas a disposición de personas vulnerables
Maroto ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles de este martes, al que su grupo llevará una moción urgente con dos propuestas que presenta como respuesta a la emergencia habitacional que vive la ciudad. La portavoz considera que lo sucedido en los últimos días exige una reflexión política de fondo, porque la ciudadanía está trasladando a partidos e instituciones que ha llegado el momento de actuar. «Maricarmen no es un caso aislado», ha advertido.
La primera de las medidas consiste en poner en uso, en un plazo máximo de tres meses, 1.300 viviendas municipales que, según los cálculos socialistas, permanecen vacías, y adjudicarlas de forma prioritaria a personas en situación de especial vulnerabilidad. Maroto ha recordado que el problema puede alcanzar a cualquiera: a la familia que no puede hacer frente a una subida del alquiler, a la juventud que no logra emanciparse o al vecindario que ve cómo su edificio pasa a manos de otro propietario.
Actuar antes de que se produzca el desahucio
La segunda propuesta es un protocolo que obligue a los servicios municipales a intervenir en cuanto tengan noticia de un desahucio que afecte a una persona o una familia vulnerable. El objetivo, según ha explicado, es que el Ayuntamiento coordine desde el primer momento los servicios sociales, el asesoramiento jurídico y la mediación para intentar que nadie pierda su vivienda habitual y, si no es posible evitarlo, garantizar una alternativa digna.
A juicio de la portavoz socialista, la administración local no puede limitarse a gestionar la emergencia cuando el lanzamiento ya es inminente, sino que debe anticiparse para detectar los casos, mediar y acompañar a las personas afectadas. Maroto sostiene que al Ayuntamiento no le faltan herramientas para hacerlo, sino «voluntad política».