Las menores víctimas de trata con fines de explotación sexual casi se triplicó en 2022, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, que cifra en 13 los menores identificados el año pasado. «Supone un importante ascenso respecto del año anterior», advierte.
Concretamente, la fiscal delegada de Madrid destaca que ha continuado la tendencia creciente del número de procedimientos en los que las víctimas de explotación en la prostitución son menores de edad, tanto mujeres como hombres, procedentes en muchas ocasiones de familias con dificultades, algunos en situación de desamparo, con débiles apoyos familiares o sociales, que son atraídos a una actividad como la prostitución como medio de obtener una ganancia económica inmediata.
Sólo en la fiscalía de Madrid ocho de los nuevos procedimientos del año 2022 son casos de prostitución de menores. «Ello implica intensificar las labores de coordinación, tanto con la fiscalía para la protección y tutela de víctimas del delito, como con la sección de protección de menores, con la entidad administrativa responsable de los menores y con los directores de los centros en los que algunos se encuentran residiendo», advierte.
En total, las víctimas de trata con fines de explotación sexual identificadas en 2022 ascienden a 231, de las cuales 5 eran varones, por lo que el 97,8% de estas víctimas fueron mujeres. A las víctimas identificadas hay que añadir otras 7 personas más en grave riesgo, según apunta la Fiscalía.
Procedencia de las mujeres
Las mujeres proceden mayoritariamente de países sudamericanos: Colombia (60), Paraguay (29), Brasil (25), Rumania (15) Venezuela (11), Honduras (7), República Dominicana (6), El Salvador, Argentina, Ecuador, Panamá y Perú. Y en el caso de las 24 víctimas cuya concreta nacionalidad no consta, se sabe que son sobre todo de Sudamérica. También hay víctimas de Marruecos, Senegal, Nigeria, China, Francia, Ucrania, y Albania. Se han detectado también 4 víctimas españolas.
La Fiscalía destaca el incremento «notable» de víctimas procedentes de Colombia, ya que de las 39 identificadas en el año 2021 han pasado a 60 en 2022. «Este significativo aumento se asocia al paralelo crecimiento del flujo migratorio y de peticionarios de asilo y protección internacional procedentes de aquel país», concluyó.
Además, señala que la trata con fines de explotación sexual se ha trasladado de forma masiva y definitiva de los clubes de alterne a los pisos particulares. Según los datos, en 35 casos consta que la explotación sexual se ha desarrollado en pisos, frente a 11 en clubes o locales y 3 en la calle.
En este sentido, la memoria de Valencia se hace eco de la importancia que tiene en estos casos la colaboración de los vecinos y la vigilancia de la Policía Local. «Es necesario abordar la investigación y el acceso a estos lugares manteniendo el respeto a los derechos fundamentales», destaca.
1.500 intervenciones en Madrid
En este escenario, la Comunidad de Madrid ha realizado este año 1.500 intervenciones para ayudar a víctimas de trata con fines de explotación sexual, que se prestan a través de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género.
Así lo ha indicado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, con motivo de la conmemoración este sábado del Día Internacional contra la Explotación y el Tráfico de Mujeres.
En concreto, desde enero de este año, 39 de estas víctimas han recibido apoyo en los recursos residenciales del Ejecutivo autonómico, 432 en el Centro de Día y 1.029 fueron detectadas por la unidad móvil.
Esta Red, dependiente de la Dirección General de Igualdad del Gobierno regional, aglutina dispositivos destinados a las víctimas y a mujeres que desean abandonar la prostitución, ofreciendo recursos habitacionales temporales y un plan de intervención individual, ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.
Para llevar a cabo estas actuaciones, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales dispone de dos centros residenciales con 18 plazas, en los que trabajan 16 profesionales, entre psicólogos, educadores sociales, abogados y mediadores interculturales. Además, un Centro de Día les proporciona asistencia psicológica, orientación y apoyo jurídico siempre que lo necesitan.
