La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán -con los movimientos del 9-N y 1-O incluidos- abarcaría a los dirigentes del ‘procés’, pero el texto no incluiría el supuesto ‘lawfare’ al ‘procés’ -entre otras, las causas contra los Pujol, Boye y Borràs- y no hace alusión alguna a un referéndum de autodeterminación.
Tras meses de negociaciones, la nueva ley llegará al Congreso esta semana del PSOE y sus socios, aparte de los de Junts y ERC.
La proposición de ley de amnistía dejará finalmente fuera de su paraguas determinados casos que, según el acuerdo firmado por Junts o PSOE, sí que podrían haber tener cabida como supuestos casos de ‘lawfare’. Así, la ley, que no recoge esa palabra en sus 23 páginas de redactado, no abarcaría el procesamiento contra el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, la condena de la presidenta de Junts, Laura Borràs, o el procesamiento del clan de los Pujol.
La norma propone amnistiar delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos, prevaricación, pero no contempla otros como el de blanqueo, organización criminal o asociación ilícita, el delito contra la Hacienda Pública y la falsedad documental.
La ley plantea exonerar «los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos».
Y matiza que se entenderán comprendidos aquellos actos, vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña o a sus líderes en el marco de ese proceso, y realizados por quienes, «de forma manifiesta y constatada, hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas (…) o hubieran recabado información a estos efectos».
Contexto temporal
La amnistía se circunscribe, así, al contexto temporal que comprende desde el el 1 de enero de 2012, «año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista», y este 13 de noviembre de 2023.
Además del marco temporal, la propuesta delimita los delitos que serán amnistiados, y que incluyen los de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación. La proposición beneficiaría a los líderes del ‘procés’, tanto a los que ya están condenados como a los que permanecen procesados en rebeldía y huidos de la Justicia, entre ellos, el expresidente Carles Puigdemont, cuya orden de detención quedaría desactivada.
La medida incluiría al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación.
También afectaría a los dirigentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart -condenados por desórdenes públicos tras la reforma-, a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y a los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn -condenados por desobediencia una vez aplicado el nuevo Código Penal-, aunque en sus casos ya se extinguieron sus penas de inhabilitación y fueron indultadas sus penas de prisión.
La propuesta también contempla el procedimiento que se sigue contra 35 ex altos cargos catalanes encausados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del ‘procés’, y dejaría sin juicio oral a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que, según la Audiencia Nacional, planearon ocupar el Parlament de Cataluña y que participaron en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje.
También en el seno de la Audiencia Nacional, la amnistía abarcaría a los 10 investigados por los disturbios presuntamente organizados por Tsunami Democràtic tras las condenas por el ‘procés’ en 2019.
Sí contempla medidas de amnistía para los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista o a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el ‘procés’ en el otoño de 2019.
