PSOE y Junts cerraban en la madrugada de este jueves, con mucho suspense, un acuerdo final para investir al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez.
El anuncio llegaba después de jornadas de largas e intensas negociaciones entre ambas formaciones, que en los últimos días se habían centrado en desencallar algunas diferencias en el redactado de la ley de amnistía y en definir su alcance.
Finalmente, el pacto incluye la citada ley de amnistía, incluyendo los casos que Junts considera ‘lawfare’. Pero además, el acuerdo suscrito este jueves por el PSOE y Junts que allana la investidura de Sánchez, contempla que los de Carles Puigdemont propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña mientras que el PSOE defenderá el amplio desarrollo del Estatut de 2006.
El documento político pactado por Junts y el PSOE incluye la apertura de una negociación a lo largo de toda la legislatura en la que el partido de Carles Puigdemont plantea la celebración de un referéndum y la cesión del 100% de los tributos que recauda Cataluña. La primera reunión para abordar estos asuntos será este mismo mes de noviembre y contará con un verificador internacional.
El referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña estaría «amparado en el artículo 92 de la Constitución», según recoge el documento. En él se establece que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». El referéndum,prosigue, «será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados».
Un cupo catalán
En el plano económico, el acuerdo avanza que Junts negociará con el PSOE la cesión del “100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña”. Actualmente los dos grandes impuestos en materia de recaudación, IVA e IRPF, se ceden al 50% a las comunidades del régimen común, entre las que se encuentra Cataluña.
Ahora, si sale adelante el acuerdo, sería reconocer, de facto, un estatus fiscal propio para Cataluña, una suerte de cupo catalán, aunque la propuesta de los independentistas se articula por medio de una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
En el pacto, ambas formaciones reconocen también sus «profundas discrepancias» y la «complejidad» y los «obstáculos» para la resolución del conflicto, porque mientras que Junts considera «legítimo» el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre de 2017, el PSOE «niega toda legalidad y validez» al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral».
Con todo, tanto el PSOE como Junts constantan que se pueden alcanzar acuerdos importantes «sin renunciar a las respectivas posiciones», y para su consecución las partes han acordado dotarse de un mecanismo «internacional» para «acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue».