El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha admitido este jueves que se espió a un número determinado de los independentistas que aparecieron en la lista publicada por ‘The New Yorker’, pero para el resto de personas que han sido víctimas de escuchas, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado dos posibles ‘culpables’: un país extranjero, o miembros de las denominadas ‘cloacas’ del Estado.
Así lo ha desvelado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras escuchar las explicaciones que ha ofrecido la directora del CNI, Paz Esteban, ante los portavoces parlamentarios que integran la Comisión de Gastos Reservados.
«Salimos como hemos entrado, no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales», ha dicho Rufián, incidiendo en que no incumplía la ley al desvelar parte de esa comparecencia porque el grueso de la misma ha versado sobre cosas ya «filtradas» a los medios de comunicación.
Según ha detallado, Esteban ha acudido a la comisión con documentación que contenía las autorizaciones judiciales para las escuchas que ha llevado a cabo el CNI, ha señalado que no podía hablar específicamente del programa ‘Pegasus’ y no ha ofrecido ninguna solución a esta situación.
Secreto de la causa
Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado el secreto por un mes de la causa abierta por el presunto espionaje al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través de sus teléfonos móviles con Pegasus, y ha ofrecido a ambos personarse como perjudicados, en línea con lo solicitado por la Fiscalía.
En un auto dictado este jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica que la declaración del secreto tiene por objeto «prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación».
«Solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia información sensible que puede estar legalmente clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento», expone.
Al mismo tiempo, el instructor ha dictado una providencia donde realiza un ofrecimiento de acciones a Sánchez y Robles para que, si así lo consideran, se personen como perjudicados. No obstante, dado el carácter secreto que adquiere ahora la causa, solo el juez y el fiscal tendrán conocimiento de lo que se investigue durante este periodo de sigilo procesal.
En cualquier caso, Calama recuerda que el resultado de las diligencias que se practiquen durante este mes podrá ser conocido posteriormente, «evitando así cualquier merma del derecho de defensa, ya que una vez conseguida la efectividad con esta medida perseguida el levantamiento del secreto permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna».
