El número de lanzamientos o desahucios practicados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año disminuyó un 17,1% % respecto al mismo periodo de 2025, hasta alcanzar un total de 582, de acuerdo con los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los más numerosos fueron nuevamente los derivados del impago del alquiler, que se redujeron en un 26,1% con respecto a 2025, hasta los 454; mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias ascendieron a 107 y mostraron un repunte interanual del 57,4%.
Por su parte, los lanzamientos derivados de otras causas que se practicaron en el primer trimestre del año fueron 21, un 5% más que en el mismo periodo de 2025.

Según los datos recogidos por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial en el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, el 23% del total de lanzamientos practicados en España se efectuaron en Cataluña que, con 921, fue la comunidad autónoma con un mayor número de ellos. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 741, y Andalucía, con 616.
Impagos en el alquiler
En cuanto a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, por impago del alquiler, la Comunidad Valenciana aparece en el primer lugar, con 513 practicados en el trimestre, el 19,7% del total, por delante de Cataluña, con 489.
Por su parte, respecto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, Cataluña fue la que más lanzamientos de este tipo registró, con 217, seguida de Andalucía, con 208 y de la Comunidad Valenciana, con 158.

A nivel nacional, el número de desahucios disminuyó un 45,4% respecto al mismo periodo de 2025, hasta alcanzar un total de 4.005, descenso que afectó tanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias como a los causados por el impago del alquiler.
Desciende la okupación ilegal
Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
De acuerdo con este procedimiento, en el primer trimestre de 2026 ingresaron 28 juicios verbales por ocupación ilegal de vivienda en la Comunidad, un 57,6% menos que el año anterior. En Andalucía se presentó el mayor número de demandas, 94, que representan el 20,43% del total nacional. Le siguieron, Cataluña, con 88, y la Comunidad valenciana, con 64.
En el conjunto del país, en el primer trimestre de 2026 ingresaron 460 juicios verbales por ocupación ilegal de vivienda, un 22,3% menos que el año anterior.
