La Plataforma No al Cantón de Montecarmelo y la Asociación Vecinal de Montecarmelo han registrado este jueves en la Asamblea de Madrid una propuesta ciudadana (PROCI) con la que solicitan cambios normativos para evitar la instalación de cantones industriales, infraestructuras logísticas de limpieza con gestión de residuos, en las proximidades de centros educativos de la Comunidad de Madrid.
La iniciativa plantea impedir la ubicación cercana a colegios de instalaciones en las que se desarrollen actividades de transferencia, almacenamiento temporal, clasificación y compactación de residuos urbanos, incluyendo parques de maquinaria o bases del Servicio de Limpieza Urgente (SELUR), entre otras.
Así, inciden en que la propuesta no afectaría a los denominados cantones auxiliares, destinados únicamente a vestuarios y almacenamiento limitado de material.
El objetivo, añaden, es que la regulación de este tipo de infraestructuras industriales tenga en cuenta la protección de la salud, el bienestar y la seguridad vial en entornos escolares, en línea con la normativa sobre protección de la infancia y adolescencia y con el principio del «interés superior del menor».
Competencias
Recuerdan además que la competencia en materia educativa corresponde a la Comunidad de Madrid y piden a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que actúe para garantizar el desarrollo de la enseñanza.
«Lo que no queremos para nosotros, no lo queremos para nadie. La presidenta Ayuso no puede ponerse de perfil cuando se ponen en peligro los entornos escolares. La ubicación de las instalaciones industriales debe estar mejor regulada para no dejar la decisión al libre albedrío de cada Ayuntamiento, como está sucediendo en Montecarmelo», ha señalado el portavoz de la plataforma, Vicente Sánchez.
Así, advierten que las obras del cantón en este barrio se están desarrollando en las proximidades de varios centros educativos, lo que, según indican, estaría afectando al desarrollo de la actividad lectiva por el ruido y el tránsito de vehículos pesados, además del acceso a instalaciones deportivas de un centro cercano. También estiman que en la zona hay alrededor de 7.000 menores de entre 0 y 18 años potencialmente afectados.
Por ello, esperan que los partidos representados en la Asamblea de Madrid «recojan el guante» y transformen la iniciativa en una Proposición No de Ley para beneficio de la infancia en toda la región.