La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que se paralice la actividad de la incineradora de Valdemingómez hasta que se solucionen las irregularidades detectadas en su funcionamiento.
Con un escrito presentado ante la oficina del Defensor del Pueblo, los representantes vecinales advierten que «está en juego la salud de la población, en especial de aquella que reside a menos de 10 kilómetros de la incineradora, la más expuesta a sus emisiones tóxicas«.
El motivo de esta petición se basa, según denuncian, en el «retraso» en la aplicación de las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) que exige la normativa europea sobre incineración de residuos desde diciembre de 2023.
«Existen evidencias de que la incineradora de Valdemingómez no ha adaptado plenamente sus instalaciones ni sus procedimientos a los valores límite de emisión ni a las condiciones operativas exigidas por una norma clave, la Decisión de Ejecución (UE) 2019/2010 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019″, han afirmado.
La FRAVM considera que esta situación «supone una vulneración los principios de prevención y de cautela», así como del derecho ciudadano a la protección de su salud y de un medio ambiente saludable, tal como recoge el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Por ello, han reclamado que las instituciones competentes —tanto europeas como españolas y madrileñas— actúen con urgencia para «garantizar la aplicación uniforme de la normativa europea y prevenir un posible caso de infracción sistemática y continuada de la legislación ambiental comunitaria y española por parte de las autoridades madrileñas».
Nueve irregularidades detectadas en Valdemingómez
En su escrito, la FRAVM enumera hasta nueve incumplimientos que, a su juicio, justificarían el cierre inmediato de la planta de Las Lomas. Entre ellos, destacan que «la Comunidad no ha emitido aún una autorización ambiental integrada (AAI) para la incineradora basada en la Decisión de Ejecución de la año y medio después del límite establecido por el Real Decreto Legislativo 1/2016».
También denuncian que «el Gobierno regional publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del 5 de marzo de 2024, cuatro meses después del vencimiento del plazo oficial de revisión de la AAI, un anuncio para someter a información pública la documentación de esta revisión, un retraso que la FRAVM denunció en sus alegaciones y que fue clave para que la revisión de la AAI no prosperara».
Durante dicho proceso, los vecinos también detectaron que la documentación presentada no demuestra que se hayan aplicado las mejoras técnicas impuestas por la UE, como la implantación de un sistema de gestión ambiental adecuado, o un inexistente Plan de Gestión de Accidentes.
Además, afirman que «la planta incumpliría el Reglamento de Emisiones Industriales, pues en esa documentación no se incluyó la comparación del resultado de las emisiones con los niveles de emisión asociados a las MTD ni se documentaban todas las características de la monitorización en continuo de la emisión de dioxinas, furanos y PCB similares».
A estas faltas se suma «la falta» de un Certificado de Eficiencia Energética obligatorio, así como el hecho de que la incineradora operó durante casi dos años sin contrato, algo que, según denuncian, fue permitido por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
A pesar de los estudios científicos que alertan sobre el impacto negativo de esta instalación en la salud de la ciudadanía y en el entorno, «el Ayuntamiento planea prolongar su vida 15 años más, para beneficio de las empresas concesionarias», han denunciado las asociaciones.
Asimismo, han trasladado al Defensor del Pueblo que «todo lo relativo a la incineradora de la planta de Las Lomas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez disfruta de un tratamiento oficial privilegiado o favorable para las empresas que la explotan, en detrimento de la protección de la seguridad de las personas que viven en el entorno de la Incineradora y del medio ambiente».
Hasta el momento, tanto los colectivos vecinales como los grupos ecologistas han llevado a cabo tres manifestaciones en la calle y diversas acciones de sensibilización, con el objetivo de cerrar la instalación en 2025. Insisten en que «no van a parar hasta lograr su histórico anhelo, para lo cual usarán todos los medios que tienen a su alcance».
