La Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a cometer fraude contra la Seguridad Social, con un perjuicio que supera los 1,3 millones de euros. La organización, presuntamente liderada por un matrimonio, operaba desde Barcelona, Madrid y Valencia.
Durante la operación, los agentes han arrestado a trece personas en Madrid y Valencia, quienes formarían parte del grupo responsable de esta estafa. La estructura delictiva se apoyaba en 17 sociedades que habrían sido utilizadas para desviar fondos y simular transacciones comerciales y societarias, según ha detallado la Policía Nacional.
La investigación se puso en marcha tras detectarse ciertas irregularidades, consideradas fraudulentas, en una empresa y otras compañías relacionadas con ella. La alerta partió de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia.
A raíz de ello, los investigadores descubrieron un entramado societario dirigido por firmas vinculadas al sector de la seguridad privada y a clínicas especializadas en trasplantes capilares. Estas empresas habrían participado en un fraude continuado al ocultar los beneficios obtenidos «a través de la interposición maliciosa tanto de personas físicas como jurídicas».
Según indica la Policía Nacional, los hechos podrían constituir delitos contra la Seguridad Social y de frustración en la ejecución.
Testaferros vulnerables para cometer fraude contra la Seguridad Social
El matrimonio al frente del entramado habría contado con la participación activa de familiares y otras personas que ejercían de intermediarios o testaferros. Para impedir que se rastreara a los verdaderos responsables, se realizaron múltiples maniobras societarias destinadas a diluir su presencia en las compañías, explicó la Policía.
En estas operaciones, los testaferros eran personas en situaciones vulnerables, que accedían a figurar como responsables legales de las empresas a cambio de algún tipo de compensación, aunque no ejercieran ninguna función real dentro de ellas.
Las sociedades implicadas incluían empresas dedicadas a la seguridad privada, servicios auxiliares y medicina capilar, además de compañías pantalla y patrimoniales utilizadas para mover dinero y ocultar activos bajo identidades ajenas.
El análisis de la documentación y las declaraciones recogidas han permitido comprobar cómo los líderes de la red habrían diversificado sus negocios a través de múltiples sociedades, acumulando así «una importante deuda» con la Seguridad Social.
La Policía también ha subrayado que «la complejidad de la investigación ha radicado en el elevado número de sociedades utilizadas para la comisión del fraude y desvío de los fondos, que iban cambiando tanto de actividad declarada como de administradores», además del uso de múltiples testaferros para encubrir a los responsables verdaderos.
Los agentes han detectado dos sociedades patrimoniales supuestamente gestionadas por la madre de una de las principales investigadas, las cuales poseerían bienes valorados en varios millones de euros, entre ellos vehículos de lujo.
