El juez Adolfo Carretero está estudiando el embargo de los bienes de los empresarios Luis Medina Abascal y Alberto Luceño por una presunta estafa de hasta cinco millones de euros en comisiones por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, en los peores momentos de la pandemia.
Fuentes jurídicas han señalado que podría ser en los próximos días cuando el juez proceda al embargo de los bienes de los dos empresarios, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
Se trataría de un embargo preventivo, por lo que los bienes no se perderían de forma inmediata. Sería una medida cautelar para responder ante una eventual sentencia condenatoria, como medida cautelar para que la deuda se devuelva de forma segura.
Luis Medina Abascal tiene en su posesión un yate modelo Eagle 44, llamado ‘Feria’ y por el que pagó 325.515 euros del millón de euros que cobró por una de las operaciones y bonos monetarios.
Por su parte, Alberto Luceño invirtió el dinero en la compra de 12 vehículos de alta gama, relojes Rolex una vivienda de lujo en Pozuelo con tres plazas de garaje y un pagó 60.000 euros por estar cinco noches en un hotel de Marbella.
Delitos imputados
La querella de Anticorrupción atribuye a los supuestos comisionistas los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020.
El juez pretende citar a los acusados a partir del próximo 25 de abril. También llamará a declarar a testigos necesarios para esclarecer los hechos. El magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento.
La instrucción jurídica atribuye a los dos empresarios una actuación «de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China».
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que Luis Medina Abascal se comunicó con el Ayuntamiento mediante correos electrónicos los días 18 y 19 de marzo, donde proporcionó su número de teléfono. Esta información, según el regidor, fue redireccionada a la persona que manejaba los contratos de material sanitario, la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid.
Según el texto jurídico, Medina habría contactado con el Consistorio aprovechándose de su condición de personaje público y «su amistad con un familiar del alcalde de Madrid», una declaración que el alcalde niega.
«En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista», expone la Fiscalía.