Perspectiva de la Puerta del Sol con la acampada por la vivienda. Sonia Bañso / NPM.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la presentación de una denuncia penal contra el exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva, en relación con la acampada que permaneció durante más de un mes en la Puerta del Sol.

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha comunicado este lunes que la denuncia, de 30 páginas y respaldada por los servicios jurídicos municipales, se ha presentado ante los juzgados de Plaza de Castilla.

El Consistorio sostiene que Martín incurrió en una presunta dejación de funciones al permitir la continuidad de una concentración que considera ilegal, pese a las advertencias sobre los riesgos para la seguridad y los problemas derivados de su permanencia en uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

Según ha explicado Sanz, el Ayuntamiento remitió distintos requerimientos a la Delegación del Gobierno para advertir de la presencia de objetos contundentes y elementos susceptibles de utilizarse como armas, así como de los altercados de orden público, los problemas de insalubridad y los posibles daños al patrimonio histórico de la plaza.

La denuncia también recoge los riesgos que, a juicio del Consistorio, podía generar una eventual situación de emergencia que obligase a evacuar el espacio.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, en Móstoles tras la celebración de la Junta de Seguridad (Foto: Sonia Baños)
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, en Móstoles tras la celebración de la Junta de Seguridad (Foto: Sonia Baños)

El desalojo, tras la dimisión de Martín

Uno de los argumentos en los que el Gobierno municipal fundamenta su iniciativa judicial es la cronología de los acontecimientos. Francisco Martín dimitió el 26 de octubre y la acampada fue desalojada el 3 de noviembre.

Inma Sanz ha destacado que entre ambas fechas no se produjo ningún acontecimiento relevante que justificase un cambio de criterio sobre la situación. «El único cambio de criterio para levantar la acampada fue la dimisión», ha afirmado la portavoz municipal.

El Ayuntamiento considera que el entonces delegado del Gobierno permitió que la concentración continuase entre el 26 de septiembre y su dimisión, pese a conocer, según sostiene, las circunstancias que podían justificar su disolución.

La denuncia invoca el artículo 5 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión, que contempla la posibilidad de suspender o disolver concentraciones cuando concurren determinadas circunstancias, entre ellas la presencia de personas con objetos contundentes o peligrosos susceptibles de ser utilizados como armas.

La eventual responsabilidad penal de Martín deberá ser determinada por los tribunales. Una condena por prevaricación podría conllevar su inhabilitación, según ha apuntado la portavoz municipal.

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Los daños superan ya los 40.000 euros

Al margen de las consecuencias judiciales, el Ayuntamiento ha realizado una primera estimación del coste de los desperfectos y de los trabajos necesarios para recuperar la Puerta del Sol. La cantidad ronda ya los 40.000 euros, aunque el Consistorio advierte de que la factura final será previsiblemente superior.

Entre los gastos contabilizados figuran los 8.500 euros correspondientes a la estructura de los toldos y otros 11.000 euros destinados a la reposición de mobiliario urbano. A estas partidas se suman aproximadamente 12.000 euros en trabajos de limpieza de monumentos.

Especial preocupación suscita el estado de la estatua de Carlos III. Según ha explicado Sanz, las actuaciones de limpieza realizadas hasta ahora no han conseguido devolver el monumento a su estado original, por lo que serán necesarias intervenciones de restauración más complejas.

A estas cantidades habrá que añadir los costes derivados de los dispositivos de seguridad desplegados por la Policía Municipal y los servicios extraordinarios de limpieza del SELUR. Aunque estos trabajos están contemplados en los contratos municipales, el Gobierno local considera que no habrían sido necesarios de no haberse producido la situación denunciada.

El Ayuntamiento anima a los comercios afectados a reclamar

Inma Sanz también ha hecho referencia al impacto económico que la acampada tuvo sobre los establecimientos comerciales de la zona, que convivieron durante más de un mes con la concentración y sus consecuencias.

La portavoz municipal considera que los negocios afectados deberían reclamar por los perjuicios sufridos y defender sus intereses hasta las últimas consecuencias, al entender que el daño ocasionado durante ese periodo fue considerable.

La denuncia contra Francisco Martín abre ahora un nuevo frente judicial y político en torno a la acampada de la Puerta del Sol. Mientras el Ayuntamiento reclama responsabilidades por la gestión de aquella concentración, corresponderá a los órganos judiciales determinar si existió una actuación delictiva por parte del entonces delegado del Gobierno.

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