El plan sobre las Viviendas de Uso Turístico en Madrid (VUT), que ha sido presentado esta mañana por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no va a solucionar la problemática de los pisos turísticos, según denuncian tanto partidos de la oposición como organismos vecinales de la ciudad. Almeida ha anunciado que el Ayuntamiento ha congelado la concesión de nuevas licencias y ha endurecido las sanciones, además de anunciar refuerzo en el cuerpo de inspectores y la creación de un censo con las VUT legales de la ciudad.
Estas medidas son «propaganda», según opina la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, al considerar que la congelación de nuevos permisos no solucionará el problema. «En Madrid hay 24.000 viviendas turísticas ilegales y sólo 277 tienen licencia. Da igual que no se concedan nuevas licencias porque el 99 por ciento de los pisos turísticos hoy en Madrid funcionan sin licencia«, ha señalado la jefa de la oposición en un comunicado.
Maestre ha acusado al gobierno de Almeida de «desmontar el servicio de inspección de una veintena de profesionales que se montó durante el gobierno de Manuela Carmena con el único objetivo de no cumplir con la normativa municipal vigente y permitir que prolifere la ley de la selva».
Si durante 2023 «sólo se han puesto 86 multas a pisos turísticos ilegales, ¿con qué cara ahora Almeida dice que va a aplicar mano dura? Lo que ha estado haciendo el PP es alimentar el problema, es aprobar planes especiales para legalizar apartamentos turísticos ilegales. Y tiene pinta de que la nueva normativa que nunca llega va a ser en realidad una amnistía general«, ha advertido.
Más Madrid ha instado a Almeida, como también han hecho desde el PSOE hoy, a cerrar los pisos turísticos ilegales de la ciudad, que funcionan sin ningún tipo de permiso actualmente.
«Si se está incumpliendo la ley, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es clausurarlas»
«Es un parche y claramente insuficiente para dar solución a este grave problema que tiene nuestra ciudad. Lo que esperaba escuchar es que va a cerrar todas las viviendas ilegales pero se ha limitado a decir que va a aumentar las sanciones». Así ha reaccionado hoy la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, al anuncio del plan sobre las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales de Almeida.
Respecto al aumento del número de inspectores, el PSOE considera que es escaso. «Las plataformas calculan que hay 25.500 viviendas turísticas ilegales. Anuncian que habrá 75 inspectores. Siendo generosos y pensando que se van a dedicar en exclusiva a detectar este tipo de irregularidades, cada uno tendría que inspeccionar 340 viviendas», calculan los socialistas.
Maroto ha instado a que, «si se está incumpliendo la ley, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es clausurarlas». «Creo que Almeida carece de la ambición necesaria para abordar esta problemática y los que siguen sufriendo las consecuencias negativas son los vecinos. De nuevo, el señor Almeida se olvida de ellos», ha manifestado.
«Un nuevo brindis al sol»
El plan de acción del Ayuntamiento de Madrid para ordenar los pisos turísticos tampoco ha gustado en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que consideran las medidas adoptadas hoy «un nuevo brindis al sol».
«La medida estrella del plan – la paralización de las licencias de VUT en la almendra central – no tendrá consecuencias ya que el Ayuntamiento apenas las concede porque muy pocos pisos turísticos cumplen con el requisito de tener un acceso independiente», han explicado hoy en un comunicado.
La FRAVM sí aplaude la publicación de un censo de las VUT legales y el aumento de las sanciones para las ilegales, pero, añaden, «esto debe ir acompañado de un aumento real de las labores de inspección y control. El número de 10 nuevos inspectores (que no tendrán dedicación plena para las VUT) es completamente insuficiente».
La organización vecinal ha invitado al Ayuntamiento «a que inspeccione y, si ha de hacerlo, clausure, las más de 2.200 VUT que junto a nuestras asociaciones vecinales de los distritos centrales hemos denunciado en los dos últimos años por provocar problemas de convivencia en sus comunidades de vecinos».
