Representantes vecinales de Valdemoro han formalizado una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar la instalación de una estación de servicio en la calle Cuesta de Valderremata, ubicada junto al recinto del colegio ‘Cristo de la Salud’ (llega «a colindar directamente con el patio del colegio»), y en las proximidades de la Escuela Infantil ‘Los Paraísos’.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de asociaciones como ACUSVAL, alerta sobre la «exposición directa de menores a una actividad calificada como potencialmente peligrosa». Según el documento presentado, la ubicación de la gasolinera «conlleva riesgos graves para una población especialmente vulnerable».
De hecho, el documento alerta de riesgos para la salud con la «emisión de compuestos orgánicos volátiles como el benceno, agentes potencialmente cancerígenos», y sobre la seguridad vial, «con un incremento del tráfico rodado en un entorno escolar, aumentando el riesgo de atropellos y accidentes».
Manipulación de combustibles inflamables
También advierte de «riesgos inherentes a la manipulación de combustibles inflamables a escasos metros de las aulas», al tiempo que destaca que la propia Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ya señaló «la conveniencia de buscar una ubicación alternativa debido a la cercanía del entorno educativo».
En este punto, los afectados han denunciado una «falta de transparencia e información suficiente sobre los estudios de impacto ambiental y sanitario realizados hasta la fecha».
Licencia ajustada al PGOU
Pese a que el Ayuntamiento defiende que la licencia se ajusta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2004, los solicitantes argumentan que «el cumplimiento formal de la normativa urbanística no exime a la administración de su deber de garantizar el derecho a la salud (art. 43 CE) y a un medio ambiente adecuado (art. 45 CE)».
Por todo ello, los vecinos han solicitado que se investigue si se han respetado los principios de precaución y protección de la salud más allá de los trámites burocráticos, así como que se «verifique la adecuación de los estudios de impacto ambiental». Además, consideran que las Administraciones competentes deben «revisar la licencia o adoptar medidas correctoras urgentes».
