El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el procesamiento de 17 personas en relación con la banda juvenil Dominican Don’t Play (DDP), tras una investigación que ha destapado su implicación en diversas actividades delictivas, incluida la muerte violenta de un joven en Madrid en 2022.
Según consta en un auto judicial, 15 de los procesados están acusados de pertenecer a organización criminal, así como de delitos de tráfico de armas, tráfico de drogas, falsificación de moneda y posesión de herramientas para la falsificación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también ha dictado procesamiento por homicidio consumado contra otras dos personas, en relación con el asesinato de Diego Fernando López, un joven de 25 años que perdió la vida el 5 de febrero de 2022 en el distrito madrileño de Usera. El crimen fue atribuido en su momento a la mencionada banda.
En su resolución, el juez subraya que la investigación realizada en Madrid ha tenido como eje a los DDP, «involucrada en delitos de riñas tumultuarias y delitos de lesiones, muchos de ellos haciendo uso en su comisión de armas blancas (principalmente machetes y cuchillos) así como otros objetos contundentes o punzantes, provocando lesiones de diversa consideración y en muchas de las ocasiones con grave riesgo para la vida de terceras personas».
El escrito judicial también recoge un informe de la Guardia Civil sobre el alcance de esta banda, «su implantación en buena parte del territorio nacional, siendo conocida por la violencia empleada en la ejecución de sus acciones, por el elevado número de personas que engrosan sus filas, así como por regirse por una serie de normas y reglas que aparecen marcadas en su credo o ideario».
Además, Pedraz recuerda que «dicha organización fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo por incitar o favorecer al odio, la hostilidad y la violencia contra las personas, grupos u otras asociaciones, así como por promover la comisión de delitos y utilizar medios violentos para la consecución de sus fines».
El conjunto de hechos que se investigan en esta causa está relacionado, según apunta el juez, con actividades delictivas vinculadas al tráfico y tenencia de armas y el comercio ilegal de estupefacientes.
