El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, ha acordado mantener abierta la solicitud presentada por vecinos de Montecarmelo para que se investigue el cantón proyectado por el Ayuntamiento en este barrio de la capital y ha planteado la posibilidad de enviar una delegación de eurodiputados a la ubicación prevista para la instalación.
La Plataforma No al Cantón de Montecarmelo y la asociación vecinal han señalado que su propuesta de investigar el cantón, iniciativa impulsada por padres de uno de los centros educativos afectados, ha salido adelante con el único rechazo del PP europeo. Durante la comparecencia los vecinos desplazados a la capital de Bélgica han expuesto ante los eurodiputados los riesgos que, a su juicio, entraña la instalación para la infancia y el medio ambiente.
«Creemos firmemente que el Ayuntamiento de Madrid está vulnerando directivas europeas esenciales en materia de medioambiente y protección a la infancia», ha defendido Raúl Baena ante los eurodiputados en el Parlamento Europeo, en representación de la petición de los padres afectados.
Central industrial junto a colegios y guarderías
Los promotores sostienen que el proyecto municipal, licitado a Urbaser, supone la implantación de una «central industrial» de 10.000 metros cuadrados junto a colegios y guarderías, lo que, según afirman, afectaría directamente a 4.200 menores de entre 0 y 18 años y a otros 2.000 que transitarían por la zona a diario.
«¿Es ésta la Europa que queremos para 2026? ¿No contradice el principio de precaución la [no] evaluación obligatoria del impacto ambiental y el interés superior del niño que proclamamos en nuestra Carta de Derechos Fundamentales?», han apuntado en Bruselas.
Durante su exposición, han explicado que el proyecto del Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida es una «central industrial» con 80 camiones, compactadoras de residuos y otros elementos industriales.
Las entidades vecinales, que aseguran representar a más de 20.000 residentes, denuncian que el Gobierno municipal ha iniciado la ejecución sin respetar el plazo de consulta pública reabierto recientemente para un proyecto que califican de «calco» del anterior.
