La familia de una usuaria mayor de la residencia Bouco Carabanchel ha denunciado ante la Fiscalía al director del centro, José Manuel Mestre, por «un presunto delito de coacciones» al entender que actuó contra su «libertad de expresión» tras alertar a otros residentes sobre la «precariedad» del servicio.
Así consta en un escrito en el que tilda de «hechos intimidatorios» la «expulsión» de la residente como «medida de presión a los familiares para coartarles y cesar, en contra de su voluntad, su libertad de expresión».
Este caso se remonta al pasado 24 de marzo, cuando el hijo de la usuaria repartió una nota «informativa» a otros familiares sobre cómo realizar quejas ante la «precariedad del servicio». Tal y como ha relatado un familiar, la mayor había sufrido durante su estancia «traumatismos craneoencefálicos, fracturas en el mismo brazo y hematomas».
Vulnerable y dependiente
Al día siguiente, la familia de la residente, que es «vulnerable y dependiente», recibió una notificación de expulsión en 15 días. Su hijo considera que fue un «acto de represalia» tras ejercer su «derecho de libertad de expresión», por lo que ha decidido denunciar, junto a la Plataforma Pladefma para la Defensa de los Mayores, al director del centro por «un presunto delito de coacciones».
En la denuncia, la familia recalca que la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad dice que «solo se puede expulsar al usuario de un centro cuando cometa una infracción muy grave», unos hechos que creen que «no se han producido».
Investigación de la Comunidad
En abril, la Comunidad de Madrid decidió abrir una investigación a la residencia Bouco Carabanchel tras el «apercibimiento» a la usuaria. La Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Juventud anunció que iba a realizar las inspecciones «necesarias» para «tomar decisiones» e insistió en que no se había realizado una expulsión.
No obstante, la familia de la residente ha lamentado que la notificación del Gobierno regional se limitase a «una sugerencia» la solicitud de inhabilitación. Por ello, este jueves presentará un escrito ante la Inspección para pedir la apertura de un procedicimiento sancionador por su «actuación ilegal». También reclamarán la «separación cautelar» de su puesto de trabajo para «evitar graves perjuicios a terceros».
Desde la Consejería que lidera Ana Dávila han remarcado que el centro residencial ubicado en el distrito de Carabanchel ha mantenido a la persona mayor en su plaza, por lo que «no se ha apreciado conducta infractora».
