El juez Velasco envía al alcalde a prisión por recibir supuestamente “una donación”
Le imputa por integración en organización criminal, malversación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude
PARLA / 30 OCTUBRE 2014 / El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye la causa de la ‘Operación Púnica’, acordó anoche decretar prisión bajo fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, así como para su jefe de gabinete, Antonio Borrego, por su presunta implicación en la trama corrupta desmantelada por la Guardia Civil.
El auto del magistrado imputa indiciariamente al regidor parleño integración en organización criminal, malversación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude.
Según el titular del Juzgado de Instrucción Central número 6, el primer edil parleño habría recibido una “donación” por parte de la empresa Cofely, principal firma sobre la que pivotaba la trama, a cambio de la adjudicación de un contrato de eficiencia energética por valor de 54,6 millones de euros.
Órganos de Contratación
El auto del juez establece que Fraile participó presuntamente en los órganos de contratación del Ayuntamiento y que seleccionó como empresa auditora a la empresa ‘Ruta Energética’, vinculada al empresario David Marjaliza, con el fin de encubrir “el pago de una comisión pactada”.
Mientras, el jefe de gabinete de Alcaldía, Antonio Borreguero, fue llevado a prisión porque habría negociado supuestamente los términos del contrato y porque gestionó la presunta donación. Por ello, se le imputan los mismos delitos que al alcalde.
Entretanto, la participación del cargo de confianza y asesor de Obras, Avelino Pérez, se limitó a supervisar la adjudicación aunque, según el juez, intermedió en los pagos. Ha quedado en libertad bajo fianza de 20.000 euros.
El juzgado y la Fiscalía Anticorrupción creen que las “redes clientelares de tráfico de influencias” desarticuladas con esta operación habrían logrado contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
Corresponsal / David García