La regularización de migrantes ha cumplido un mes desde la aprobación del Real Decreto del procedimiento extraordinario en el Consejo de Ministros, una medida que ha abierto expectativas entre miles de personas en situación irregular, pero que también ha intensificado el debate político, jurídico y social sobre sus efectos y alcance.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registró más de 130.000 solicitudes presenciales y telemáticas de la regularización extraordinaria de migrantes durante la primera semana, pero no ha vuelto a facilitar cifras sobre el proceso.
El Consejo de Ministros aprobó el 14 de abril el Real Decreto para una regularización extraordinaria de migrantes, en la que está previsto que se beneficien, según el Ejecutivo, aproximadamente medio millón de extranjeros.
El proceso llega tras años de debate político y social, y tiene como antecedente una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por entidades sociales, organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos, que reclamaban una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya residían en el país. Aquella propuesta logró un amplio respaldo inicial en el Congreso, aunque su tramitación se fue dilatando hasta desembocar en el actual procedimiento aprobado por el Ejecutivo.
Interrogantes
Durante estas primeras semanas, asociaciones y entidades de apoyo a migrantes han constatado un aumento de consultas y solicitudes de información. Los principales interrogantes se centran en los requisitos para acceder a la regularización, especialmente sobre el informe de vulnerabilidad.
Por su parte, el movimiento ‘Regularización Ya’, impulsor de la ILP de regularización, ha defendido recientemente el proceso ante «bulos» y «trabas administrativas». «El proceso de la regularización extraordinaria sigue adelante, pese a los bulos intencionados de las derechas y a las trabas administrativas de todo tipo. El plazo de presentación de solicitudes para la regularización extraordinaria finaliza el 30 de junio», ha recordado en mensajes en la red social X.
«Responsabilidad y respeto»
En esta línea, ha exigido a los actores políticos «responsabilidad y respeto» hacia quienes, desde colectivas y entidades, se están «dejando la piel» para que nadie quede fuera de uno de los «hitos democráticos más importantes de los últimos años en España».
Mientras, el director general de Legalteam, Guillermo Morales, en una entrevista a Europa Press, aseguró que las admisiones a trámite «apenas llegan al 0,1%», apuntando además que los pocos casos notificados se están produciendo sin respetar el plazo previsto de 15 días.
«Hemos notado que, por alguna razón, las admisiones a trámite apenas están llegando. No se está cumpliendo el plazo de los 15 días. Notamos las admisiones a un ritmo muy lento, muy lento», aseveró.
Problemas en gestión de expedientes
Además, señaló problemas en la gestión de los expedientes, ya que, según expuso, los números de registro no se asignan de forma correlativa ni siguiendo el orden de presentación. «Hay expedientes del primer día que aún no tienen número, mientras otros presentados más tarde ya han sido registrados», añadió.
Uno de los principales puntos de «preocupación» en Legalteam indicó que es el funcionamiento de las resoluciones de admisión a trámite. En este sentido, precisó que, aunque estas comunicaciones indican que la persona recibirá en su domicilio una comunicación con su número de la Seguridad Social, este no se ha facilitado a admitidos a trámite tras una semana de espera.
«Nos dicen que se puede trabajar, cuando en realidad no se puede trabajar si no tienes el número de afiliación a la Seguridad Social», subrayó y agregó que se trata de «un contrasentido».
Piden la suspensión
En paralelo, el debate ha llegado al ámbito judicial. En este sentido, Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid han pedido en el Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la iniciativa del Gobierno.
El Tribunal Supremo ha pospuesto al próximo 22 de mayo la vista convocada para escuchar peticiones de paralizar de forma cautelar el real decreto para la regularización, inicialmente prevista para este miércoles.
Mientras, el Gobierno ha argumentado ante el Tribunal Supremo (TS) que suspender de forma cautelar el proceso que ha impulsado supondría una «afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general».