El dueño de Desguaces La Torre, Luis Miguel Rodríguez, ha llegado a un acuerdo por el que acepta 9 meses de cárcel, frente a los casi 4 años que pedía la Fiscalía, y que se derribe la construcción que levantó en Torrejón de la Calzada si no es posible regularizarla en un máximo de dos años, según consta en el escrito de conformidad con la Fiscalía.
Durante el juicio contra el denominado «el chatarrero» o «el rey de la chatarra» por los delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia la Fiscalía pedía para él 3 años y 9 meses de cárcel.
También exigía el Ministerio Público la demolición completa de las construcciones erigidas ilegalmente: varias obras de ampliación de Desguaces La Torre en Torrejón de la Calzada en suelo no urbanizable y sin autorización legal por parte del Ayuntamiento, ocupando una extensión de unas 25 hectáreas, en lo que es uno de los mayores desguaces de Europa cuyo dueño fue conocido, además, por haber sido pareja de la nieta de Franco Carmen Martínez-Bordiú y de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada.
Aunque no ha realizado declaraciones, en entorno de Rodríguez ha asergurado que está satisfecho por un acuerdo que supone que es condenado solo por un delito contra la ordenación del territorio y que le da la opción de regularizar las obras en un plazo de dos años, lo que evitaría la demolición.
El acuerdo, que plasma la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, impone al acusado nueve meses de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de doce euros (2.160 euros) y la inhabilitación para la promoción y construcción inmobiliaria por seis meses.
A la mercantil Desguaces La Torre, para la que la Fiscalía pedía 144.000 euros de multa por delito contra el medio ambiente, se le rebaja la multa a 10.800 euros.
Sobre la posible demolición de la construcción, el acuerdo señala que «procede la demolición y restauración del terreno a cargo de los acusados, salvo la legalización de las obras para el caso de aprobación definitiva del nuevo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) en tramitación», determinado unos plazos.
Plazos
Así detalla que en el plazo de un año se oficiará a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid «para que emita informe sobre el estado de tramitación del nuevo PGOU y su incidencia en la legalización de las obras objeto de condena», de manera que si el informe «fuera desfavorable a la posibilidad total o parcial de legalización, se procederá sin más trámite a la demolición».
Si ese informe fuera favorable «se esperará a un plazo máximo de un segundo año, contado desde la incoación de la ejecutoria, para oficiar a dicha Dirección General y al Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada para que informen sobre si se han legalizado las obras objeto de condena, mediante las correspondientes licencias».
«En caso de que las obras no hayan sido entonces legalizadas en todo o en parte se procederá sin más trámite a su inmediata demolición”, añade el acuerdo.
Por la ampliación de Desguaces La Torre, la Audiencia madrileña ya condenó a 15 meses de prisión al exalcalde de Torrejón de la Calzada Eusebio García, del PP, por un delito de prevaricación urbanística omisiva, por no tomar medidas para detener estas obras pese a los informes técnicos emitidos por el ayuntamiento y otros organismos.
