Tal y como ha denunciado el portavoz del PSOE en Torrejón de Ardoz, Javier Castillo, «una vez más, el fondo de inversión Blackstone inicia procedimientos que finalizan en órdenes de desahucio, en esta ocasión con diez familias torrejoneras residentes en el Soto del Henares».

Ya el pasado mes de mayo, ‘Noticias para Municipios’ explicaba como vecinos de Torrejón de Ardoz, volvían «a la lucha» contra las subidas abusivas de sus alquileres, como ya ocurrió con los vecinos de Juan Gris, que, en noviembre de 2020, vencieron al gigante Fidere, tras dos años de noches en vela y amenazas de desahucio.

Vecinos de ‘Bloques en lucha’ de la calle Benjamín Palencia 2 de Torrejón de Ardoz – Fotografía N.M. Díaz

Todas estas viviendas construidas con suelo y dinero público fueron vendidas por lotes por parte de la Comunidad de Madrid a los denominados «Fondos Buitre» por un precio inferior al valor de su construcción y  «sin que se dejara ejercer el legítimo derecho de tanteo los inquilinos de todas estas viviendas, que, en este caso, llevan residiendo en sus respectivos domicilios entre 7 y 10 años», tal y como señala el portavoz socialista.

Como explica Castillo, «en 2018 y sin ser informados, la Presidencia de la Comunidad de Madrid decidió vender sus casas con las familias dentro al Fondo Buitre Blackstone mediante su filial española FIDERE. Sus viviendas formaban parte del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid siendo, por tanto, públicas y en régimen de alquiler con opción a compra. Pero la venta de las viviendas a FIDERE eliminó el derecho de estas familias ejercer su derecho de compra al precio acordado y  marcado por la Dirección General de la Vivienda».

Abusos desde el mes de abril

De esta forma, desde el mes de abril del presente llevan sufriendo «graves abusos inmobiliarios» por parte de FIDERE, negándose ésta a renovar los contratos de alquiler en condiciones asumibles y ofreciendo nuevos contratos que llegan a  los 1.200 euros mensuales. Asimismo «reciben la amenaza constante de desahucios inminentes de sus viviendas», tal y como ha confirmado Javier Castillo.

Tras reunirse con estas familias, Castillo ha señalado que «todas y cada una de las familias han cumplido y siguen cumpliendo de forma rigurosa los pagos relacionados con el alquiler y consumos de sus viviendas. Es evidente que con las abusivas condiciones impuestas por parte de FIDERE a las familias afectadas les resultaría imposible seguir en sus viviendas. Las familias están demandadas en la actualidad por incumplimiento de contrato y las consecuencias directas de estas actuaciones especulativas son para forzar sus desahucios silenciosos e implacables«, ha incidido.

Por todo ello, Javier Castillo se ha comprometido a trabajar para la «búsqueda urgente» de una solución que pasa por una negociación entre la empresa y las familias que derive en un acuerdo que permita a las familias continuar en sus viviendas, algo que se ha conseguido con la misma empresa en otras viviendas del barrio, como por ejemplo, con las familias de la Calle Juan Gris.

Natalia Moreno

Periodista. 19 años dedicada a la comunicación corporativa y la estrategia digital en el sector financiero.

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