El presidente de la ‘Asociación de Afectados por la Línea 7B de Metro Rafael Alberti-Presa‘, Juan Fuentes, ha remitido un escrito a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, con el fin de que resuelvan «con la mayor prontitud», la situación de los vecinos «que se han visto o que se van a ver privados de sus viviendas, por los daños derivados de las obras de Metro, de modo que se les facilite con rapidez una vivienda digna y se les garantice la recuperación de su vida personal y familiar, de una forma urgente y efectiva«, tal y como señala esta carta.

Tal y como subraya Fuentes a través de esta petición, la consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, se dispuso iniciar de oficio el pasado 7 de marzo, los «procedimientos de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en diversos inmuebles de San Fernando de Henares derivados de las obras del tramo del túnel de la línea 7B de Metro, comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares».

Solar que ha quedado tras el derribo de los edificios de Rafael Alberti y Presa – Fotografía Asociación Afectados Metro

«Muchas familias afectadas carecen de recursos económicos suficientes para estos gastos»

No obstante, tal y como expone el presidente de la Asociación, no se han adoptado por las autoridades españolas competentes – mientras se acuerda, por los procedimientos establecidos, una indemnización justa y completa para los perjudicados por todos los daños y perjuicios padecidos- unas medidas eficaces para paliar temporalmente las necesidades de alojamiento de las personas y familias afectadas, muchas de las cuales carecen de los recursos económicos necesarios para poder sufragar todos los gastos derivados de una situación que han provocado los poderes públicos, lo que les coloca en una situación de precariedad y de vulnerabilidad que las propias autoridades deberían evitar», ha insistido.

Calle Rafael Alberti 7, cuyos vecinos están en estos momentos desalojados – Fotografía N.M Díaz

Los perjudicados han visto lesionados sus derechos más fundamentales

Tal y como insiste este escrito remitido al Parlamento Europeo, «por el momento, los mecanismos administrativos que se han desplegado por las autoridades españolas competentes para hacer frente a este verdadero drama social, que ha privado ya de sus viviendas a numerosas familias de la localidad, han demostrado ser muy ineficaces para hacer frente a las necesidades más básicas de estos afectados»; «los perjudicados han visto lesionados, en primer lugar, sus derechos más fundamentales a la integridad personal y a la seguridad. La peligrosa situación de los edificios, provocada por las obras de Metro, ha obligado ya a la demolición de varios de ellos, pero cada día se cierne sobre otros inmuebles de la localidad el riesgo de su progresivo deterioro, con sucesivas órdenes de demolición que se siguen produciendo en la actualidad», ha insistido Juan Fuentes.

Trabajos de demolición de los edificios de la calle Rafael Alberti 1 y 3 y Presa 4 – Fotografía N.M. Díaz

Derecho constitucional a una vivienda digna

En este sentido, y como expone el escrito, las necesidades de los ciudadanos afectados, en especial, su derecho a una vivienda digna en la que a su vez poder recuperar su propia vida familiar, «no permiten esperar a la resolución de los
correspondientes expedientes administrativos, cuya propia dinámica de tramitación,
alegaciones y prueba, da lugar a «una demora incompatible con la urgencia de las situaciones personales y familiares» de los vecinos afectados.

Esta tesitura -prosigue la carta- coloca a los afectados en una situación de vulnerabilidad social que les dificulta la existencia digna, al no disponer de los recursos suficientes para sufragarse una vivienda digna, entretanto se tramitan los expedientes dirigidos a establecer la correspondiente indemnización».

Vulneración de los derechos humanos

Es por ello, que a través de este escrito, la Asociación alega que «la exigencia social y jurídica de hacer efectivo el principio social que establece el artículo 47 de la Constitución española, que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, alcanza por lo tanto en este caso la dimensión de una vulneración de los derechos humanos, al no ofrecerse una alternativa habitacional a estas familias«.

Así, por todo lo anteriormente citado, la Asociación solicita al Parlamento Europeo que se requiera a las autoridades españolas competentes para que garanticen de manera urgente los derechos fundamentales de los afectados, su derecho a la propiedad y a la vivienda, mediante iniciativas políticas o legislativas que permitan paliar de manera rápida y efectiva la situación de desamparo provocada por los propios poderes públicos, y todo ello conforme a los principios de una buena administración y en unos plazos que sean razonables«, han concluido.

Natalia Moreno

Periodista. 19 años dedicada a la comunicación corporativa y la estrategia digital en el sector financiero. Es CEO de Itopía, consultora de marketing y comunicación digital y colaboradora en medios...

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