La Comunidad de Madrid ya ha comenzado de oficio los expedientes de responsabilidad patrimonial derivados de los daños causados por la línea 7B de Metro que afectan a vecinos de San Fernando de Henares.

Según han explicado fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, el principal objetivo es «agilizar los trámites burocráticos» para ofrecer soluciones rápidas tanto para el arreglo de las viviendas como una indemnización por el derribo de las mismas.

Como ha señalado el consejero de Transporte, David Pérez, «daremos una respuesta lo más generosa posible para estas familias», así como «una solución rápida y justa».

Además, se ofrecerá un trato individualizado a cada uno de los vecinos perjudicados por el suburbano y así poder avanzar más rápido en la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial, han señalado desde el gobierno regional.

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«No obstante, se deja abierta la posibilidad de incluir nuevos inmuebles afectados en el caso de que se dieran las circunstancias y requisitos legales para ello», ha añadido el Gobierno autonómico.

Tienen la consideración de interesados las personas físicas o jurídicas titulares de los bienes inmuebles citados; las personas físicas ocupantes de las viviendas situadas en los edificios citados; las personas físicas o jurídicas titulares de actividades económicas desempeñadas en los edificios citados y cualesquiera otros que acrediten ostentar un derecho o interés legítimo o bien, que ello se deduzca de la tramitación del correspondiente procedimiento.

Estos procedimientos de responsabilidad patrimonial, tal y como señalan desde el gobierno regional, se inician sin perjuicio de la posible intervención de otros agentes en la producción del daño cuyas responsabilidades se determinarán en la tramitación de los expedientes y respecto a los cuales la Consejería de Transportes e Infraestructuras se reserva las acciones legales necesarias para exigir y resarcir los perjuicios que les sean imputables.

Hay que recordar que hace dos semanas, cientos de vecinos de San Fernando de Henares han acudido a la concentración convocada por la Plataforma de Afectados por Metro que, una vez mas, ha vuelto a solicitar «soluciones reales» para el problema que afecta a sus viviendas .

Ya son 36 las familias desalojadas en apartahoteles que, a día de hoy, no saben donde irán cuando acabe el periodo de estancia en los mismos. La Comunidad de Madrid aún no les ha comunicado cual será el siguiente paso para un drama que, en la ciudad, afecta ya a 200 familias y múltiples edificios municipales, cerrados desde hace años.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la inversión de 823.000 euros para la contratación de emergencia del servicio de realojo, vigilancia del inmueble, inspección, seguimiento y diagnostico estructural, proyecto y trabajos de rehabilitación de los edificios afectados por las obras de la línea 7B de Metro. Los inmuebles están ubicados en la calle Presa 23 y 25 del municipio de San Fernando de Henares.

Este importe se suma a los encargos realizados por la Comunidad de Madrid a la empresa Tragsa y que fue también validado por Consejo de Gobierno, en sus reuniones de las últimas semanas, por lo que la inversión global para este fin asciende a más de 2,5 millones, según ha detallado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio

Natalia Moreno

Periodista. 19 años dedicada a la comunicación corporativa y la estrategia digital en el sector financiero.

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