La Comunidad de Madrid ha avanzado que ofrecerá una prórroga de la ayuda que concede a los afectados por la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares a los que se les ha derribado la casa para que puedan hacer frente al alquiler hasta que llegue la indemnización.
Así lo ha avanzado el viceconsejero de Transportes, Carlos Díaz Pache, durante una intervención sobre las compensaciones a quienes han perdido su casa por la L7B, que se han incrementado tras un nuevo anuncio del Gobierno regional.
Varios vecinos afectados por la línea 7B de Metro habían alertado en los últimos días de que en marzo se acabarán las ayudas para poder pagarse el alquiler y el 1 de abril «muchos estarán en la calle».
Esta ayuda para pagar el alquiler se trata de un adelanto de los gastos que generen hasta que llegue la indemnización definitiva y no se resta de la compensación final. La pasada semana afectados alertaron de que el anticipo ofrecido el año pasado concluía este mes.
«Se está informando a los vecinos del trámite para solicitarlo en caso de que no hayan recibido aún la indemnización«, indicó el viceconsejero. Detalló que hay 76 expendientes de responsabilidad patrimonial en tramitación y que a la mayoría se ha notificado ya para la «terminación convencional» que propone la administración.
Las indemnizaciones incluyen bienes inmuebles, el 100% del suelo, el mobiliario –en caso de que no se pudiera retirar a tiempo– y el lucro cesante si las viviendas estaban alquiladas o si se trataba de un negocio.
A ello se suma el daño moral, que es el concepto por el que se pueden aumentar, según anunció el Ejecutivo regional el jueves pasado, entre 10.000 y 63.000 euros las indemnizaciones, que inicialmente abarcaban una horquilla de entre 136.000 y 355.000 euros.
Insuficientes
El presidente de la Asociación Presa-Rafael Alberti, Juan Fuentes, ha insistido en que, pese al incremento, las ayudas siguen siendo «insuficientes», aunque no puede hacer una valoración «muy justa» porque no tienen «casi información» y han sido conocedores de esta nueva propuesta a través de los medios de comunicación.
«Desconocemos los términos, pero independientemente lo consideramos insuficiente porque no permite retomar nuestra vida, no queremos empezar una nueva«, ha remarcado.
Fuentes ha insistido en que no les han aclarado del todo cómo funcionará el ascenso y ha criticado, además, que ya con la primera horquilla, que contemplaba cifras de 136.000 a 355.000 euros, desde la Comunidad trasladaron que era el «máximo legal permitido».
«Nos sorprende que existan distintos máximos legales permitidos«, ha ironizado Fuentes. Por otra parte, ha recordado que se estableció por parte del Ejecutivo autonómico un mecanismo para que los afectados con sus casas ya derribadas pudieran cobrar un adelanto de la indemnización para poder hacer frente al alquiler mientras llegaban las ayudas finales.