El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la inversión de más de 322.000 euros para la contratación de emergencia para ayudas a las familias que residen en los portales 1 y 2 de la calle Rafael Alberti, 7, cuyo edificio fue desalojado el pasado 20 de septiembre por las obras de la línea 7B de Metro.

Las actuaciones incluyen el realojamiento de las 14 familias de Rafael Alberti, 7, de los portales 1 y 2, tras, según ha señalado el gobierno regional «no haber recibido por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares el consentimiento para que éstos puedan regresar a sus casas al haberse instalado ya un apeo estructural que garantiza la seguridad de acceso de los inquilinos«.

María Croitoru, vecina de Rafael Alberti número 7 – Fotografía N.M. Díaz

De esta manera, el Consistorio de San Fernando de Henares se ha pronunciando señalando que la Consejería de Transportes e Infraestructuras publicó, el pasado 18 de octubre de 2022, la ampliación de la orden de emergencia relativa a los vecinos del número 7 de la calle Rafael Alberti, desalojados debido a la grave problemática creada por la Línea 7B de Metro.

Como señalan desde el Ayuntamiento «el Ejecutivo autonómico hace alusión, en el citado documento (página 3 apartado b), a las familias de los portales 1 y 2, así como a las medidas de seguridad a adoptar para garantizar su seguridad y, por tanto, el regreso a sus domicilios». Dice lo siguiente:

  • “Se estima necesario UN PLAZO DE TRES MESES para adoptar las medidas necesarias y aportar la documentación correspondiente, así como para recabar, del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, si procede el mantenimiento de la situación de ruina física inminente respecto a los portales 1 y 2 de la calle Rafael Alberti 7 de San Fernando de Henares”.

Por tanto, desde el Consistorio se desmienten, totalmente, las afirmaciones que ha realizado el vicepresidente regional, Enrique Ossorio, en rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy.

El aludido aseguraba, y así lo han reproducido algunos medios de comunicación, que no se había recibido, por parte del Ayuntamiento, consentimiento para que estos afectados pudieran volver a sus casas.

«Una vez más, se trata de culpabilizar a la Administración local. Queda claro, tal y como indica su propia orden, que las zonas comunes no reúnen las medidas de seguridad oportunas, requiriéndose un plazo de tres meses (enero de 2023) para aportar la documentación que garantice las mismas y que el Ayuntamiento solicitó el pasado 4 de octubre. Esta petición, además, volvió a reclamarse al Director General de Infraestructuras el día 07 octubre para poder dar continuidad al expediente de ruina. A fecha de hoy, la Consejería de Transportes e Infraestructuras no ha registrado la documentación requerida«, han señalado desde el Ayuntamiento.

El alcalde, Javier Corpa, continúa exigiendo la puesta en marcha del Plan Integral que fue aprobado en diciembre del pasado año, y que implica una ‘hoja de ruta’ a seguir, y soluciones definitivas para esta preocupante situación, que se arrastra desde hace 15 años, llegando a 11 calles y con más de 400 viviendas afectadas, además de espacios y dotaciones públicas.

Asimismo, el primer edil dio inicio, la pasada semana, a una ronda de reuniones con los portavoces de los grupos parlamentarios para solicitar su apoyo a una Ley de carácter autonómico que aporte certidumbre a los vecinos, similar a la puesta en marcha en el barrio barcelonés de ‘El Carmel’.

Natalia Moreno

Periodista. 19 años dedicada a la comunicación corporativa y la estrategia digital en el sector financiero. Es CEO de Itopía, consultora de marketing y comunicación digital y colaboradora en medios...

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