El Comité Ejecutivo del Pacto por la Cañada Real Galiana ha fijado una hoja de ruta que se seguirá durante los próximos dos años en la antigua vía pecuaria, que incluye una veintena de actuaciones en este emplazamiento de 14 kilómetros que transcurre por la capital, Coslada y Rivas Vaciamadrid.
El documento incorpora un nuevo convenio, que se firmará próximamente con el Ayuntamiento de Madrid, para realojar el año que viene a 160 familias del Sector VI, una medida en la que se invertirán 34 millones de euros financiados al 50% por las dos administraciones. En la misma línea se está trabajando con el Consistorio ripense para comenzar los realojos en el Sector IV y V, y con Delegación de Gobierno.
Así lo ha destacado la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, tras la reunión que ha mantenido el Comité Ejecutivo del Pacto Regional, que ha aprobado por unanimidad este documento estratégico.
Este órgano lo conforman la Delegación del Gobierno y los tres ayuntamientos por los que discurre el camino, y están coordinados por el Ejecutivo autonómico a través de la figura del Comisionado del Gobierno regional para la Cañada Real.
«Nuestro objetivo es la búsqueda de soluciones y velar por el bienestar y la seguridad de las familias que residen en esta zona. Para ello es imprescindible un abordaje integral y coordinado por parte de todas las administraciones implicadas dentro de nuestras competencias. Esta hoja de ruta es un buen punto de partida para seguir avanzando en esta línea», ha apuntado Martín.
Un millón de euros
El escrito refrendado hoy recoge también diversas actuaciones que coordinará el Comisionado, por un importe de más de un millón de euros, como las obras de acondicionamiento y vallado que se van a realizar en varias parcelas; las labores para la conservación de la calzada del Sector 6; la limpieza y eliminación de la masa vegetal que obstaculiza la vía; acciones de desbroce y limpieza de viales, y la recuperación de parcelas del Sector 6 desde Las Lomas (Madrid) hasta el inicio de Getafe.
En base al acuerdo rubricado, se procederá a la instalación de cámaras de control de tráfico, así como actuaciones generales en espacios desocupados y demolición de las edificaciones. Y en materia urbanística, se prestará asesoramiento para la modificación de los Planes Generales de Ordenación Urbana de los tres municipios afectados.
Asimismo, los participantes en el Pacto Regional por la Cañada Real se han comprometido a continuar prestando la asistencia servicios sociales básicos, tanto los que corresponden a los ayuntamientos como aquellos especializados (tutela, mediación, inserción sociolaboral) que corresponden a la Comunidad de Madrid.
Los recursos materiales de emergencia para abordar la llegada del invierno, tanto con los que cuentan los ayuntamientos como el Gobierno regional, ya están activados como en ocasiones anteriores por si alguna familia los necesitara.
Realojos
El Pacto entre las administraciones que han participado en la reunión contempla que el Sector IV vaya desapareciendo progresivamente, motivo por el que se está procediendo al realojo de las personas que viven allí. En este sentido, la consejera ha señalado que «hasta el momento y durante los dos próximos años se habrá reubicado a más de 300 familias, lo que supone el 30% del total».
En esa misma línea, el Comisionado ha realizado más de una decena de actuaciones para la mejora de la Cañada Real durante este año y se ha reunido con la práctica totalidad de todas las asociaciones de vecinos y entidades sociales y culturales, dentro y fuera de este emplazamiento.
Este organismo ha realizado este año trabajos por un valor de casi 400.000 euros para acondicionar diversas parcelas de la zona, llevar a cabo labores de asfaltado, poda y limpieza de residuos, cierre y vallado de diversas zonas colindantes a la M-50, así como diversas actuaciones para la mejora del firme y la instalación de señalizaciones para la limitación de la velocidad.
Rivas y Coslada
Por su parte, el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, ha señalado que la reunión de hoy «viene trabajada» y parte de una iniciativa de la consejera para retomar la hoja de ruta de la Cañada Real, «que es la mayor bolsa de exclusión social y marginación de España». También, ha apuntado, ha conseguido generar el mayor consenso de las últimas décadas entre las administraciones para resolverlo.
«Es el momento de no pasarnos la pelota, sino de poner todos los recursos para que la Cañada deje de ser un estigma y que nos avergüence a todos los vecinos y responsables políticos. Agradezco a Paloma Martín para volver al diálogo y a la delegada del Gobierno por explicarnos todo el plan de choque y la dimensión de la solución habitaciones y que haya recursos para la solución habitacional en Cañada», ha añadido el primer edil.
Según ha explicado, los vecinos necesitan una política de realojos digna con viviendas dignas, para que especialmente las más vulnerables accedan cuanto antes «y que no nos encontremos con situaciones como cortes de luz». De hecho, Del Cura ha comentado que han acordado convenios de realojos que prioricen a las familias con niños para que sean los primeros en encontrar soluciones habitaciones.
«Hemos diseñado hoja de ruta cierta, con medidas evaluables en los próximos dos años. Será un problema a resolver en una década pero si sabemos hoja de ruta cierta lo vamos a conseguir», ha concluido el regidor repinse.
Por su parte, el tercer teniente de alcalde y concejal Territorial de Coslada, José Ventura Sousa, ha coincidido en que se ha marcado una hoja de ruta para el primer trimestre del 2023 para la modificación del PGOU. «En el Ayuntamiento de Coslada tenemos mucho avanzado. El Sector I es un barrio consolidado en el municipio, en el que todas las dotaciones lo tenemos en los barrios aledaños. Por nuestra, parte mano tendida y seguir llevándolo a buen puerto y que al final esta hoja de ruta se cumpla», ha abogado.
El problema de la luz
Respecto al actual problema de falta de luz en muchos infraviviendas de la antigua vía pecuaria, la consejera ha señalado que le preocupa la seguridad de las familias «porque no se puede aceptar que se ponga en riesgo la vida de las personas». «Las instalaciones eléctricas incumplen la normativa y hay un claro riesgo de incendios. De forma automática con sobreconsumo se corta, se activen los mecanismos de protección de la línea eléctrica que tiene por objeto proteger las instalaciones y personas, como viene recogido en la normativa», ha explicado.
De hecho, Martín ha leído un informe técnico independiente que recoge este argumento y que no recomienda la puesta en marcha de las instalaciones. Se ha encargado un segundo peritaje para valorar hasta donde podría llegar la empresa suministradora.
«El Pacto por la Cañada recoge de forma expresa en página 32 que el sector VI ha de desaparecer progresivamente. Queremos trabajar de forma coordinada, a través del plan de choque policial y con los ayuntamientos para ofrecer alternativas a las familias con la puesta a disposición de ayuda. Sé de su voluntad de los ayuntamientos de analizar caso a caso las necesidades de las familias y dar respuesta a las mismas e impulsar los realojos», ha indicado.
«Nuestro mensaje ante las conexiones ilegales es claro. Se está utilizando un suministro de forma ilegal. Hay que lanzar un claro e inequívoco mensaje de que se está haciendo un uso indebido de las líneas eléctricas. No se puede aceptar nada si se pone en riesgo la seguridad de las personas», ha sentenciado Paloma Martín.
Partida de 5 millones
El Consejo de Ministros aprobará el día 30 vía Real Decreto la provisión de 5 millones de euros para los realojos en la Cañada Real Galiana, ha informado este martes la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, tras participar en la Comité Ejecutivo del Pacto Regional para la Cañada Real.
«Desde el Ministerio de Transportes y el Comisionado Infantil mantendremos reuniones con la consejera para sacar determinadas partidas para la Cañada. Cuanto más dedicación presupuestaria desmantelaremos un asentamiento que es una vergüenza para todos los que estamos aquí», ha añadido.
En la rueda de prensa conjunta mantenida tras dicha reunión con la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, y el concejal Territorial de Coslada, José Ventura Sousa, Mercedes González ha recordado su discurso de toma de posesión, hace siete meses, como delegada, donde dijo que la Cañada Real es el «gran drama de la Comunidad y una cuestión de dignidad que afecta especialmente a mis convicciones personales». Y añadió que «si hay que hacer oír a alguien, los primeros que lo merecen son los 1.800 niños, 200 menores de dos meses, que malviven allí».
Hoy, ha vuelto a remarcar que se trata de un emergencia social. «Remarcando lo de social porque si únicamente fuera un problema policial, como pretenden algunos, la solución sería ‘fácil’ de adoptar», ha apuntado.
Durante estos meses, Mercedes González ha detallado que se ha reunido con los alcaldes de Madrid y de Rivas, con la consejera de Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad, así como con diversos cargos de la Administración General del Estado, además de voluntarios y mediadores sociales que trabajan sobre el terreno.
En su reunión con la presidenta Isabel Díaz Ayuso el día 5 de octubre dijo: «Hay que revitalizar e impulsar el Pacto Regional por La Cañada Real, abordando de una vez por todas la solución de fondo de este ámbito: los realojos».
Para la representante del Gobierno de España en Madrid, la Cañada precisa de un impulso de todas las administraciones implicadas, poniéndonos un objetivo concreto y medible: «el desmantelamiento de las viviendas en un plazo medio no superior a 3 años». «Estamos hablando de 200 millones de euros aproximadamente, que con la implicación y la determinación política de todos podríamos abordar en el medio plazo», indicó.
Asimismo, ha señalado que desde el 28 de septiembre está constituido el Grupo de Trabajo Interministerial para coordinar la actuación de las distintas administraciones del Estado, tal y como se comprometió el Gobierno de España ante la ONU. Forman parte de este grupo, que coordina la delegada, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil.
Paralelamente, la Delegación del Gobierno está en conversaciones con las otras administraciones con el fin de revisar y fortalecer los acuerdos del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, suscrito en mayo de 2017, por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas con el fin de acelerar el proceso que permita conseguir, en un plazo de tiempo razonable, acometer las reformas estructurales necesarias para garantizar plenamente los derechos de las personas que viven en ese asentamiento.
Suministro eléctrico
Por otro lado, la delegada del Gobierno ha señalado que Administración General del Estado no tiene competencias en materia de realojos ni de suministro eléctrico, aunque trabaja para dar una respuesta integral a los compromisos respecto a la Cañada Real.
En las últimas semanas, ha precisado que se ha reunido con representantes de UFD (grupo Naturgy) y ha recibido en la Delegación a vecinas y vecinos de los sectores 5 y 6.
Actuaciones policiales
González también ha detallado que las actuaciones realizadas por la Policía Nacional, como los filtros selectivos diarios y controles en las vías de acceso a la Cañada y dispositivos de prevención de la delincuencia; y la identificación de personas y vehículos, prevención de tráfico de sustancias estupefacientes, delitos de receptación, tráfico ilícito de vehículos, control de los puntos de conexión eléctrica ilegal.
También ha aludido a la protección a empresas públicas y privadas que prestan servicio en la Cañada, las inspecciones en chatarrerías, el control del absentismo escolar y contactos con asociaciones vecinales y con las instituciones competentes.
Respecto al Plan de Choque contra las plantaciones de marihuana, desde octubre de 2020 se han desarticulado 2 grupos criminales, se han desmantelado 20 plantaciones, hay 4 investigaciones en curso, 124 detenidos, 4.807 identificados, 113 actas por droga, 28 actas de armas, 1.719 vehículos chequeados, 221 dispositivos de control, 14 vehículos recuperados (14).
La Policía también ha dificultado la tradicional actividad de distribución y venta de otras sustancias estupefacientes (cocaína, heroína, etcétera)
Respecto a las actuaciones de la Guardia Civil, la delegada del Gobierno ha manifestado que, además de mantener distintos planes operativos desde la creación del Pacto Regional (17 de mayo de 2017), ha constituido este año su propio Protocolo de Seguridad de la Cañada para actuar en el tramo de la demarcación donde es competente (Puesto Principal de Rivas Vaciamadrid).
Sus objetivos son priorizar la desarticulación de estructuras criminales, reducir sus actuaciones y su impacto sobre la convivencia pacífica en la Cañada y dificultar la implantación de nuevos grupos criminales.
Desde 2017, la Benemérita ha llevado a cabo una treintena de operaciones e investigaciones en Cañada Real, con 758 dispositivos establecidos, 57.494 servicios de Seguridad y Prevención y 2.044 arrestados.
Las infracciones administrativas por drogas han sido 2.557, las infracciones administrativas por armas 190 y otras infracciones administrativas 870. Además, las inspecciones y diligencias Medio Ambiente han llegado a 41.