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El Juzgado Central de Instrucción número 5 investigará si hay delitos de administración fraudulenta, estafa y apropiación indebida

REGIONAL / 26 JULIO 2018 / El magistrado José de la Mata ha asumido la investigación del presunto fraude masivo de la clínica low cost ‘iDental’ después de que al menos once juzgados se hayan inhibido en favor de la Audiencia Nacional debido al volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo del país, la complejidad de la estructura societaria montada y las miles de personas perjudicadas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investigará si estos hechos son constitutivos de delito de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública, según expone en el auto en el que recoge que la investigación se inició a raíz de una denuncia de afectados de esta cadena en Andalucía.

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La clínica se dedicaba a prestar servicios odontológicos si bien ofrecía paralelamente un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las cuáles percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios.

Tras ello, y según consta en la denuncia de los afectados, “los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos”.

Miles de afectados

Aunque se desconoce el número total de perjudicados, según De la Mata existen referencias sólidas de que se trata de miles, si no decenas de miles de víctimas, con decenas de procedimientos judiciales incoados, “habiendo comenzado un tortuoso camino de inhibiciones y acumulaciones que es preciso sistematizar y ordenar, evitando una situación de caos procesal que cause notables perjuicios a los perjudicados y a las propias potenciales personas investigadas”.

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Muchos pacientes han quedado con el tratamiento a medias.

Como muestra de la magnitud de la causa, el juez añade las investigaciones administrativas que han incoado distintas comunidades autónomas y colegios profesionales, que se constatan con la simple navegación por Internet. Por ejemplo, los investigadores se han incautado de los historiales de más de 15.000 afectados de una de las sedes de esta compañía ‘low cost’ en las Palmas de Gran Canarias.

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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