La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética establece la obligación de implantar las zonas de bajas emisiones (ZBE) antes del 1 de enero de 2023 para ciudades de más de 50.000 habitantes. Sin embargo, varios municipios madrileños están sufriendo importantes retrasos y no llegarán a esa fecha.
El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio con 33 ciudades del país por el retraso que se está produciendo en la implantación, cinco de ellas en la Comunidad de Madrid. La institución que dirige Ángel Gabilondo ha apelado al artículo 14 de la citada norma establece las medidas y plazos concretos para que las administraciones públicas promuevan la mejora de la calidad del aire mediante la reducción de las emisiones a la atmósfera.
Respecto a las actuaciones de oficio, abiertas por el Defensor del Pueblo, la oficina ha destacado que siguen dos criterios. Por razón del número de personas afectadas por la contaminación y el nivel de retraso en la tramitación, se van a investigar los municipios de más de 50.000 habitantes cuyos ayuntamientos no han iniciado aún los trámites para declarar las ZBE, como es el caso de Aranjuez, y los municipios de más de 300.000 habitantes que aún no las han aprobado pese a estar en trámite.
El Defensor del Pueblo ha añadido que el segundo supuesto se refiere a aquellos municipios en los que «se han revertido o van a revertirse los pasos dados para la adopción de las ZBE», de lo cual la institución «tiene conocimiento a través de los medios de comunicación, basados en las declaraciones formuladas por los órganos representativos del municipio, por los órganos competentes en materia de medio ambiente, representantes políticos o por otros análogos».
Así, un total de 18 municipios no han iniciado aún la tramitación de la ZBE. Se trata de Aranjuez, Arganda de Rey, Coslada, Tres Cantos y Valdemoro, en la Comunidad de Madrid.
También están Arona, Granadilla de Abona y San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife; Puerto de Santa María y San Lúcar de Barrameda, en Cádiz; Baracaldo (Vizcaya), Calviá (Mallorca), Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Ferrol (A Coruña), Mijas (Málaga), Motril (Granada), Orihuela (Alicante) y Telde (Gran Canaria).
Por su parte, han iniciado la tramitación de la ZBE pero van con retraso en su implantación, el Ayuntamiento de Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante y Córdoba.
Finalmente, ocho municipios están suspendiendo o dando marcha atrás lo hecho hasta el momento: Ayuntamiento Badalona (Barcelona), Valencia, Gijón, Valladolid, Castellón de la Plana (Castellón), Lorca (Murcia), el Ayuntamiento de Elche (Alicante) y el de Majadahonda (Madrid).
Majadahonda se desmarca
Precisamente este último ayuntamiento madrileño ha querido desmentir «categóricamente» esta información al asegurar que están trabajando en la implantación de Zonas de Bajas Emisiones. «No entendemos por qué estamos ahí, porque tenemos un proyecto de movilidad sostenible. No hay voluntad política de dar marcha atrás en dicho asunto», han afirmado.
Al respecto, recuerdan que el pasado 6 de noviembre, remitieron un escrito al Defensor del Pueblo para trasladar el «compromiso» del municipio en la creación de la Zona de Bajas Emisiones.
Además, el Ayuntamiento añade que aprobó subvencionar de manera parcial cinco proyectos complementarios a la creación de Zona de Baja Emisión del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zonas de Baja Emisión y transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, publicadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por un importe total de 1.140.920 euros.
También Coslada mantiene entre sus «retos» implantar la zona de bajas emisiones. «Este año tenemos la tarea de poner en marcha la zona de bajas emisiones en Coslada y además nuestro objetivo es fomentar las alternativas al coche, como el transporte público y la bicicleta», señalaron recientemente desde el gobierno municipal.
