La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este martes que está «esperando» a que el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, «se pronuncie» y «cese» a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, tras conocerse que la Audiencia Provincial ha ordenado el procesamiento de la regidora y siete de sus ediles por el ‘Caso ITV’.
Así lo ha manifestado este martes a preguntas de la prensa en un acto público en Leganés, donde ha recordado que en el municipio ya hubo casos delicados como la contratación de familiares, un caso que Ayuso ha definido como «enchufes de familiares».
Además, la presidenta regional ha recordado que, en el municipio vecino de Alcorcón, la también alcaldesa de ese municipio, Natalia de Andrés, resultó inhabilitada por su presunta responsabilidad en la quiebra de la empresa pública ESMASA, «y aquí nadie hace nada», según ha señalado.
Este lunes se conocía que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado revocar el archivo del llamado ‘Caso ITV’ y reabrir el proceso judicial que investigaba a la actual alcaldesa de Móstoles y siete ediles de su Ejecutivo local por una presunta condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L.
Archivado en mayo de 2022
Pese a que en mayo de 2022 el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles acordó el sobreseimiento provisional de esta causa, al entender que «en ningún momento ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno Local de causar un perjuicio para las arcas públicas», ahora la Audiencia Provincial ha ordenado su procesamiento.
El auto, al que ha tenido acceso Noticias para Municipios, estima el recurso de apelación presentado por los dos ediles de Más Madrid, Gabriel Ortega y Susana Millán, y ordena revocar el archivo para los ocho miembros del Gobierno municipal querellados por condonar o fraccionar el pago de la supuesta deuda.
Tras conocer la revocación de este auto, desde el Consistorio insisten en la presunción de inocencia de la alcaldesa y sus ediles. En este sentido, reiteran que, «en medio de la pandemia», esta empresa de Móstoles, que «además es una concesión del PP», les informó de que «si no se revisan las condiciones de su concesión tendrá que cerrar y despedir a 40 personas». Y que por ello se le ayudó.