La Oficina Municipal de Vivienda y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Parla han detectado prácticas irregulares en los contratos de varios inquilinos que tramitaron sus arrendamientos a través de agencias o inmobiliarias. Ante ello, han remitido una carta a las 45 inmobiliarias del municipio para frenar las situaciones de abuso en el cobro de alquileres de vivienda, por el posible cobro de «comisiones ilegales». Algunos casos son «sangrantes».
En la misiva, a la que ha accedido Noticias para Municipios, se alerta del cobro de «honorarios de ‘agencia’ en los contratos» a los inquilinos que firman los nuevos alquileres.
Pero, ¿cómo se producen estas irregularidades? Los servicios técnicos municipales llevan un año y medio apreciando un aumento de las quejas de los inquilinos por estas prácticas. Hay gente que escribía reclamando asesoramiento, y otra que se personó en ambas oficinas municipales.
Tras comprobar los contratos, los técnicos llegaron a la conclusión de que se cometían irregularidades. Estos cobro vulnerarían el cumplimiento del artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula la responsabilidad de los gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato de arrendamiento de vivienda.
En este punto, Parla hace alusión al cobro del llamado “mes de agencia” que, en muchos casos, «se trata de una comisión equivalente a un mes de alquiler de la vivienda más un 21% de IVA» y que dificulta el acceso a los alquileres.
Muchas de las agencias seguían cobrando por este concepto pero cambiando la denominación. «Se camufla y se piden o bien dinero en negro o se establecen conceptos como ‘servicio al inquilino’ o ‘contrato de seguimiento’ -explican a Noticias para Municipios-. Se trampea la Ley».
Estas prácticas no se producen en todas las inmobiliarias del municipio. Solo en algunas. La mayoría respondió rápidamente a los requerimientos de la Administración local, pero hay otras sobre las que pesan las dudas. De hechos, según las fuentes consultadas, en algunas de ellas los cobros «son sangrantes y espeluznantes».
De hecho, el grueso de las denuncias que han llegado a la OMIC y Vivienda provienen de agencias concretas. Y a falta aún de una estadística precisa, desde el Ayuntamiento apuntan a que las prácticas suelen ser más habituales en inmobiliarias franquiciadas, así como en empresas que se publicitan con anuncios de alquileres.
Costes elevados
El alquiler de vivienda en Parla ronda ya los 900 euros de media, con lo que estas ‘comisiones’ disparan los costes a niveles «imposibles» para mucha gente. Y es que ésa es otra práctica que está bajo sospecha: la exigencia de la fianza del alquiler y de «condiciones que son difíciles de cumplir» en el contrato.
Dado que, a juicio de los responsables municipales, el cobro de comisiones supone «una práctica que está fuera de la ley», el Ayuntamiento ha determinado intervenir «con el fin de proteger los derechos de las y los inquilinos de la ciudad, velando por el cumplimiento de la norma y garantizando la reducción de este gasto abusivo, para disminuir las barreras de acceso a la vivienda que existen en nuestra ciudad por el aumento generalizado de los precios», según la concejala de Vivienda, Marina Morcillo.
Requerimientos
Por eso, la carta requiere a las inmobiliarias a que les facilite «el documento contractual mediante el cual vincula su actividad como agencia inmobiliaria con el arrendador y con el arrendatario ya sea esta Nota de Encargo, Contrato de Prestación de Servicios, etc.. y así comprobar que todo se realiza según lo establecido legalmente».
Con este objetivo, la Oficina Municipal de la Vivienda, además de supervisar el proceder de las 45 agencias inmobiliarias de la localidad, se pone a disposición de las mismas, sugiriendo posibles mejoras si fuera necesario, así como ofreciendo asesoramiento legal tanto a empresas como a la ciudadanía sobre las cuestiones que pudieran surgir durante el proceso contractual de arrendamiento.
La misiva, que ya ha comenzado a recibir respuesta por parte de las agencias, «busca proteger tanto a éstas en el desarrollo de su actividad, como defender a los ciudadanos y ciudadanas ante posibles situaciones abusivas derivadas de dicha actividad», según la edil.
En caso de detectarse estas anomalías, el Ayuntamiento no ha anunciado qué medidas se podrían adoptar si bien algunos casos podrían derivar previsiblemente en el juzgado, al menos por parte de los inquilinos que se vean afectados por el pago de las comisiones.
La comunicación hecha por el Ayuntamiento coincide con la advertencia realizada por la Dirección General de Consumo del Gobierno de España en la que instaba a las agencias inmobiliarias a cumplir con dicha previsión legal y a recordar que en el caso de que persistan estas prácticas se procedería a abrir una infracción grave (sanción económica entre 10.001 euros y 100.000 euros) en virtud del art.48 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.
