La Junta de Gobierno local de Parla ha acordado, a propuesta de la concejala de Vivienda, Leticia Sánchez (de Podemos), que los precios de las viviendas de alquiler municipales que gestionan empresas privadas no sean «libres» y que el acceso a estos pisos se haga «siempre» a través del Ayuntamiento, y no de «anuncios en portales inmobiliarios de entidades privadas».
La aprobación se lleva a cabo debido a la ambigüedad que presentaban los pliegos del ‘Plan Municipal de Vivienda‘, que regula estos alquileres en edificios que, en su día, construyeron empresas privadas y fondos de inversión que gestionan estos arrendamientos. De esta manera, según Sánchez, se ha dado «respuesta a las necesidades de vivienda asequible en la ciudad, especialmente a los colectivos con más dificultades de acceso”.
Ante ello, a partir de ahora, los precios del arrendamiento «no serán, en ningún caso, libres». «Las limitaciones de renta establecidas en el Pliego se mantienen durante los 75 años que dura el periodo de vinculación entre el Ayuntamiento y las entidades que gestionan las viviendas», han señalado desde el Ejecutivo local.
Además, las renovaciones de los contratos de alquiler deben ofrecerse por nuevos períodos de 7 años, con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en lugar de anuales o por períodos de 5 años. De igual forma, se incluye un apartado sobre penalidades, que recoge y define el procedimiento para los casos de imposición de penalidades al adjudicatario en caso de incumplimiento.
Dudas y ambigüedades
Estas dudas y ambigüedades derivaban en «dificultades a la hora de determinar el procedimiento de acceso a las viviendas que quedaran vacías por parte de los nuevos inquilinos o inquilinas, al renovar los contratos de arrendamiento o incluso en el plazo de duración de la protección del precio del alquiler de dichas promociones». Por eso, “era necesario resolver la interpretación de dichas cláusulas, aclararlas, informar a las empresas y actualizarlas además a la normativa actual. Es decir, aclarar y blindar los pliegos”, resume la edil.
Para realizar esta interpretación se ha contado, además de con los requeridos informes técnicos municipales, con una asesoría jurídica externa al Ayuntamiento, especializada en procedimiento administrativo, contratación y urbanismo. «Gracias especialmente a los trabajadores de la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda que han trabajado duro para conseguir sacar adelante esta interpretación de los pliegos en defensa siempre de nuestros vecinos y vecinas”, ha subrayado Leticia Sánchez.
