El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha responsabilizado al PP de «hacer de la salud un negocio» y de utilizar la enfermedad de las personas como una «oportunidad para enriquecerse». El jefe del Ejecutivo ha lanzado estas acusaciones tras publicar ayer El País un audio en el que el CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, solicita rechazar pacientes o procedimientos que no generen rentabilidad. La empresa gestiona el Hospital de Torrejón de Ardoz.
«Este es el modelo del PP», ha señalado el presidente del Gobierno, «hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse. El CEO de una empresa decidiendo sobre la vida de la gente: en eso consiste la privatización de la sanidad. Más listas de espera, más rentabilidad, más injusticias». Además, ha avanzado que el Ejecutivo «no lo va a permitir» y que empleará «todos los instrumentos» del Estado para proteger la sanidad pública.
Descartar pacientes poco rentables
El audio publicado recoge a Gallart, responsable de Ribera Salud —concesionaria del centro de Torrejón— solicitando elevar las listas de espera mediante una reducción de intervenciones y descartando pacientes o procesos poco rentables.
La petición se produjo durante una reunión tuvo lugar el 25 de septiembre con una veintena de responsables de la compañía y del hospital. En la grabación se le escucha afirmar: «En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino«. También plantea realizar «hacer iteraciones» —ajustes— con el fin de «alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones», según el citado medio.
El CEO de Ribera Salud pide desvincularse del Hospital de Torrejón
Tras hacerse público en ‘El País’ el audio, CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, ha solicitado desligarse de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz. La compañía ha comunicado además que iniciará una auditoría «en profundidad».
El Grupo sanitario Ribera ha explicado en un comunicado que «para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo, Pablo Gallart ha solicitado al presidente de Ribera, Emmanuel de Geuser, desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón mientras el grupo lleva a cabo una auditoría en profundidad».
Ribera Salud ha indicado que llevará a cabo una auditoría «en profundidad» con el objetivo de garantizar «que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley». La compañía afirma que la «prioridad absoluta» del grupo y de su accionista principal, Vivalto Santé, «son y seguirán siendo sus pacientes». Asimismo, asegura que «el servicio y atención al paciente seguirán teniendo la calidad y el rigor de siempre».
En el comunicado destaca también que «el Grupo sanitario Ribera mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible. Ésta ha sido siempre la prioridad para el Hospital de Torrejón y para Ribera en sus 26 años de historia».
Tras el anuncio de Gallart, la Consejería de Sanidad ha señalado que, al haberse desvinculado el directivo del centro, solicitará una nueva reunión con «el máximo responsable de la compañía», que confía en celebrar «de manera inmediata».
Desde Sanidad aseguraron ayer que la Comunidad de Madrid no ha identificado hasta la fecha «ningún incumplimiento» por parte de Ribera Salud en la gestión del centro sanitario torrejonero.
No obstante, la Consejería ha enviado un equipo multidisciplinar al hospital para «constatar in situ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos».
Más Madrid reclama que el Gobierno de Ayuso dé explicaciones en el Congreso
La indignación por lo conocido ayer sobre el Hospital de Torrejón se ha extendido por todos los partidos del espectro de la izquierda. También Más Madrid ha censurado la gestión de los ‘populares’ en la sanidad madrileña y ha solicitado la comparecencia de la consejera de Sanidad regional, Fátima Matute, en la comisión del Congreso correspondiente, para aclarar las prácticas atribuidas a la empresa que administra el Hospital de Torrejón.
También ha pedido citar a la viceconsejera Laura Gutiérrez, a la gerente asistencial Mercedes Navío y a la directora general Asistencial, Almudena Quintana. Asimismo, reclama la comparecencia del propio Pablo Gallart, después de la divulgación del audio.
Las diputadas Tesh Sidi y Alda Recas, de Sumar, han solicitado la presencia de la dirección sanitaria regional ante lo que califican de un «grave escándalo» relacionado con la gestión de un hospital público con modelo de administración externalizada.
En su escrito, ambas parlamentarias señalan que la posible negativa a atender a determinados pacientes por motivos económicos ha provocado una «profunda alarma social y política», al suponer una vulneración de principios del sistema sanitario público como «la universalidad, equidad y control del gasto público». Añaden que el grupo Ribera opera también en comunidades como Galicia y la Comunidad Valenciana.
El partido pide aclarar si existieron instrucciones para «rechazar» pacientes o procesos catalogados como «no rentables» y si hubo fallos de supervisión o control sobre la actividad de la empresa adjudicataria.
Prácticas «abusivas» en el hospital de Torrejón
Los sindicatos CC.OO. Madrid y UGT Madrid, por su parte, han denunciado las «prácticas abusivas» atribuidas a la empresa responsable de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz y han solicitado acabar con este tipo de «negocios» en la sanidad regional.
Señalan las organizaciones que se está «transfiriendo dinero público a entidades privadas que ven la sanidad como un negocio y no valoran a las personas ni sus problemas».
Ambas organizaciones sindicales insisten en la necesidad de poner fin a este «modelo». La secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, ha afirmado que «las políticas de la Presidencia de la Comunidad de Madrid solamente ven clientes, no ven pacientes», y ha calificado de «absolutamente indecente» que se prioricen beneficios frente a la atención sanitaria.
UGT Madrid ha alertado de un incremento «deliberado» de las listas de espera para «favorecer el negocio sanitario privado» y advierte de que este enfoque permite decidir qué pacientes y tratamientos priorizar en función de criterios de rentabilidad. El sindicato señala que «Cualquier instrucción que implique retrasar operaciones, rechazar pacientes o limitar tratamientos porque generan coste, es incompatible con el derecho a la salud».
También señala que no se puede permitir que un hospital público funcione como una empresa que selecciona qué pacientes son «convenientes». Subraya que estas prácticas aparecen en un contexto de deterioro del sistema público, con turnos eliminados y plantillas insuficientes, y menciona casos «especialmente graves» en centros donde unidades enteras han permanecido paradas durante años antes de su externalización.
