El presidente de Ribera Salud y consejero delegado de Vivalto Santé, Emmanuel de Geuser, defendió ayer en un encuentro con la Consejería de Sanidad la gestión del grupo en el Hospital de Torrejón de Ardoz y calificó de «gravísimas y falsas acusaciones» las informaciones difundidas la semana pasada sobre el centro hospitalario.
Responsables de la Consejería de Sanidad, encabezados por la titular del departamento, Fátima Matute, se reunieron la tarde de este martes con representantes de Ribera Salud tras la filtración del audio del CEO del grupo, Pablo Gallart, en el que pedía priorizar el beneficio empresarial sobre la atención sanitaria.
Durante el encuentro de ayer, De Geuser trasladó a Matute su descontento por «las filtraciones» de una reunión «privada» que, según indicó, se han difundido «en un ámbito descontextualizado» y «con ánimo de perjudicar el prestigio personal y profesional tanto del CEO como de la propia empresa». En este sentido, reiteró que, «ante las gravísimas y falsas acusaciones vertidas en distintos medios de comunicación», se reserva el derecho a iniciar acciones legales.
También señaló que lamenta que «el clima de crispación política que vive España en estos momentos» se traslade al ámbito sanitario, «sea moneda de cambio» y «perjudique notablemente un modelo como el de la Comunidad de Madrid que es ejemplo de éxito, calidad y liderazgo asistencial a nivel internacional y que Ribera quiere exportar al resto de Europa».
En un comunicado dirigido a los trabajadores, el CEO ya desvinculado de Ribera Salud afirmó que los audios donde se le atribuyen indicaciones para rechazar pacientes o prácticas no rentables corresponden a fragmentos «cortados y editados» que están «fuera de contexto» y no incluyen «el contenido íntegro» ni «real» de la reunión.
Gallart compartió un nuevo audio de 4 minutos y 20 segundos que, según indicó, recoge la grabación completa del encuentro e incorpora pasajes adicionales que «serán respaldados por un acta notarial» para certificar «que todas esas frases forman parte del audio íntegro». «Como no soy juez, será el juzgado correspondiente quien llegue a su propia conclusión», afirmó.
Ni reutilización del material sanitario ni cambios en el criterio de asistencia, según Ribera Salud
Durante la reunión, el presidente de Ribera Salud negó «categóricamente» que el grupo haya dado instrucciones a los profesionales del hospital en relación con los hechos publicados en los últimos días. Según ambas partes, De Geuser aseguró que no se ha modificado ningún proceso de triaje, no se ha reutilizado material sanitario y no se ha alterado el criterio de asistencia. Además, afirmó que los resultados de la auditoría interna realizada por la compañía «avalan la buena gestión asistencial del hospital».
El grupo sanitario subrayó que se trata de «una actuación rigurosa, sujeta a los más altos estándares de calidad asistencial y al código deontológico por el que se guían, orientada únicamente al bienestar de los pacientes, tal y como ya manifestaron en un escrito firmado el pasado 4 de diciembre por los máximos responsables asistenciales (jefes de servicio y supervisoras de Enfermería)».
Por último, el presidente de Ribera Salud manifestó «su absoluto compromiso con la máxima calidad asistencial para los pacientes del Hospital de Torrejón de Ardoz«.
«Contundencia» si se detectan irregularidades
La consejera de Sanidad adelantó horas antes, durante un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press, que la Comunidad actuará con «contundencia» si se detecta alguna irregularidad, aunque «de forma ecuánime y coherente», sin descartar una posible rescisión del contrato.
Matute añadió: «Esto es un ‘trending topic‘ para tapar la corrupción, las saunas, las sobrinas, los puteros, los sobones, las catedráticas sin estudios y todo eso que se está intentando diluir en un Gobierno».
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, señaló durante el fin de semana que, por el momento, no existen «motivos ni pruebas» de mala praxis, pero advirtió que actuará «sin paliativos» si se demuestra lo contrario. También criticó que el asunto se utilice como «una causa política» y «dé igual» lo que indiquen funcionarios o pacientes, asegurando que se pretende prolongar «todo lo sea» por motivos políticos en una «campaña mezquina».
Demandas judiciales
En este contexto, las posibles irregularidades del hospital han llegado ya a los juzgados, además de ser objeto de inspección por parte del Ministerio de Sanidad. La semana pasada un abogado presentó la primera denuncia para que se investigue la situación del centro sanitario de Torrejón.
Días después, el PSOE de Madrid presentó una denuncia ante la Fiscalía por posibles «irregularidades» que podrían constituir indicios de «delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación».
Y no es la única acción judicial a la que se enfrenta la compañía responsable de este centro hospitalario. Podemos Comunidad de Madrid presentó el pasado viernes una querella en los juzgados de Torrejón de Ardoz por presunta «utilización desleal de fondos públicos, prevaricación, posibles lesiones, coacciones a los propios trabajadores y denegación de prestaciones sanitarias.
Por su parte, la diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, anunció que su formación pedirá a la Fiscalía investigar un presunto delito de lesiones a pacientes.
Los informes del Gobierno madrileño
El Ejecutivo regional ha explicado en estos últimos días que se han llevado a cabo 40 controles en un año en el Hospital de Torrejón y que, el mismo día en que se difundieron los audios de Gallart, se desplazó un equipo multidisciplinar para investigarlos. Según los informes realizados, la lista de espera se sitúa en valores similares o inferiores a los de otros hospitales de nivel 2, registrándose además más actividad y más personal.
En un segundo informe hecho público este martes, se concluyó que el centro cumple los objetivos de calidad y seguridad del paciente fijados por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y se descartó la reutilización de productos sanitarios de un solo uso.
