Más Madrid ha pedido a la Fiscalía Provincial de Madrid que abra diligencias para investigar la gestión del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz por parte del grupo Ribera Salud y la Comunidad de Madrid.
En un escrito remitido al Ministerio Fiscal, la formación traslada diversas informaciones publicadas en medios de comunicación tras la difusión de un audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que pedía «desandar el camino» de la reducción de las listas de espera y rechazar pacientes o procedimientos no rentables económicamente hablando.
En el documento, Más Madrid hace referencia a la grabación difundida en la que, según señalan, se da la instrucción de buscar «la forma de incrementar el Ebitda, es decir los beneficios de la mercantil, aunque sea afectando a la calidad asistencial de la prestación sanitaria».
La formación política subraya que, en el contrato de cesión de la gestión, se establece «la obligación esencial de la concesionaria de mantener los niveles de calidad más altos que puedan exigirse a hospitales públicos de la misma categoría».
El escrito presentado ante Fiscalía recoge asimismo informaciones publicadas por el diario ‘El País’ en las que se apunta a la existencia de órdenes para atender a pacientes «cápita» —personas asignadas a este hospital— pero no realizarles intervenciones quirúrgicas, priorizar a pacientes «no cápita» considerados rentables o suspender la atención de diálisis peritoneal a pacientes «no cápita» debido a su coste.
Malversación, lesiones, discriminación…
Ante estos hechos, Más Madrid señala la posible comisión de distintos delitos. Entre ellos, un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas por la denegación de la prestación de un servicio público relacionado con la protección de la salud, al considerar que podría haberse producido una discriminación en el acceso a la atención sanitaria por razón de enfermedad u origen.
La formación también apunta a un posible delito de lesiones derivado de la negativa a atender a determinados pacientes y de la «lesión imprudente que pudiera haber causado». Asimismo, plantea la posible existencia de un delito de administración desleal por parte de la empresa concesionaria al buscar «un beneficio económico» contrario a la correcta prestación del servicio sanitario.
En relación con la malversación impropia, consideran que podría concurrir al apreciarse una «utilización del patrimonio público con ánimo de lucro» por parte de las personas responsables de su gestión. Según indican, «los fondos públicos se están gestionando no para la ejecución de la prestación encomendada sino para cumplir con el ánimo de lucro de la mercantil concesionaria».
Además, Más Madrid señala a la Comunidad de Madrid por un posible delito de prevaricación por omisión, al considerar que, «pese a conocer las situaciones o hechos contrarios al servicio o actuación pública», no se habrían adoptado las medidas necesarias para evitar un daño o garantizar la correcta prestación del servicio. También apuntan a un posible delito de omisión del deber de perseguir delitos.
Por todo ello, solicitan a la Fiscalía que tome declaración a las personas responsables de la toma de decisiones en el grupo Ribera Salud y en Torrejón Salud, en especial a Pablo Gallart, así como a los empleados que denunciaron las prácticas presuntamente ordenadas y que fueron «despedidos de manera fulminante».
Asimismo, plantean que se requiera a Ribera Salud toda la información mercantil y a la Consejería de Sanidad las medidas adoptadas y las inspecciones realizadas en relación con el contrato de concesión de la gestión del Hospital de Torrejón desde, al menos, el ejercicio 2022, así como la documentación correspondiente.
La Comunidad «permite abusos de Ribera Salud y Quirón»
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, explica que su formación denuncia a la Comunidad de Madrid en Fiscalía por «permitir lo abusos de Ribera Salud y Quirón».
Según MM, las condiciones de contratación de Ribera Salud y del Hospital de Torrejón, junto con las instrucciones conocidas para «ahorrar costes y aumentar las listas de espera para proteger los beneficios», muestran «indicios de varios delitos, incluyendo el de discriminación en el acceso a un servicio público, lesiones, administración desleal, malversación, prevaricación administrativa y omisión de perseguir delitos».
«Desde que Esperanza Aguirre introdujo la gestión privada en la sanidad pública madrileña, los gobiernos del Partido Popular se han dedicado sistemáticamente a proteger los beneficios de los grupos sanitarios privados a costa de empeorar la atención sanitaria en hospitales y centros de salud», ha afirmado Bergerot.
La portavoz sostiene que esta situación «no solo debe tener una respuesta política», sino que «existe base suficiente para que se investigue en los juzgados». En este sentido, ha añadido que si cuando el CEO de Ribera Salud «ordena aumentar las listas de espera» el Gobierno no aprecia «ningún incumplimiento» es porque «el Gobierno de Ayuso tiene montado un sistema corrupto y delictivo para que unos pocos hagan dinero a costa de la salud de todos».
«Más Madrid va a perseguir la privatización sanitaria y el maltrato a la salud de los madrileños por todos los medios, incluidos los legales y hasta las últimas consecuencias», ha concluido.
