El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha reclamado a la Comunidad de Madrid que adopte una solución inmediata para las familias desalojadas de la calle Nazario Calonge tras detectarse nuevos daños estructurales.
El Consistorio sostiene que estas afecciones están relacionadas con la línea 7B de Metro y rechaza que su origen sea la rotura de una tubería, como defiende el Gobierno regional.
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el área municipal de Urbanismo ha emitido una orden de ejecución dirigida a la Comunidad de Madrid, concediéndole un plazo de diez días para llevar a cabo las actuaciones que garanticen la seguridad de las personas afectadas y cumplan con las obligaciones que el Consistorio considera que le corresponden.
Daños derivados de las obras de la 7B de Metro
El Gobierno municipal señala que el entorno afectado cuenta con antecedentes administrativos y técnicos vinculados a la problemática de la línea 7B.
En este sentido, recuerda que la Comunidad de Madrid ya ha actuado anteriormente en esta zona con la demolición de edificios del complejo dotacional El Pilar, la reparación de inmuebles cercanos y la tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial relacionados con estos daños.
Frente a la versión ofrecida por la Comunidad de Madrid, que atribuye las afecciones a la rotura de una tubería en uno de los edificios, el Ayuntamiento asegura que los informes elaborados por los servicios técnicos municipales concluyen que los daños están relacionados con las afecciones derivadas de la infraestructura ferroviaria.
El Consistorio afirma que ha actuado «con carácter de urgencia» para atender a las familias afectadas, facilitando su realojo y ofreciendo apoyo social y técnico a través de los recursos municipales.
El Ayuntamiento señala a la Comunidad como responsable
El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha manifestado que el Ayuntamiento no permitirá que los vecinos «sean abandonados por la única administración responsable y competente».
«No vamos a permitir que quienes llevan años sufriendo las consecuencias de la Línea 7B sean abandonados. Nuestra prioridad son las familias, su seguridad y la defensa de sus derechos. Seguiremos utilizando todos los instrumentos legales e institucionales a nuestro alcance para exigir una solución definitiva», ha señalado.
Por otro lado, el Gobierno municipal ha lamentado que el Grupo Municipal Popular no respaldara la declaración institucional presentada en el Pleno extraordinario celebrado el pasado 30 de julio para reclamar que la Comunidad de Madrid asumiera sus responsabilidades.
El Ayuntamiento ha reiterado que continuará reclamando medidas «definitivas» para poner fin a una situación que, según indica, ha provocado durante años daños en viviendas, demoliciones de edificios, afecciones al patrimonio municipal y un importante impacto social en la localidad.
