El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha ordenado el embargo de bienes de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid para cubrir una deuda de 3,3 millones de euros con la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid.
Según el decreto dictado, la EMV dispone de un plazo de diez días para presentar una relación de bienes y derechos suficientes para hacer frente a la cantidad reclamada.
En la resolución, el juez advierte de que, si no se cumple este requerimiento en el tiempo establecido ni se justifica una causa válida, «podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave y, en su caso, con imposición de multas coercitivas periódicas».
Esta deuda procede de la falta de pago por parte de la EMV por el uso de un edificio con 136 viviendas protegidas promovido por el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (actual AVS), que tenía como finalidad ampliar la oferta de vivienda social en el municipio y del que es propietario en la actualidad.
Derecho de superficie
Fuentes regionales explican que el origen del conflicto se remonta a 2003, cuando se otorgó un derecho de superficie a la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos SA sobre la parcela 8.1 A-1 del PP Ámbito 2 ‘Camino Bajo de Rivas Vaciamadrid’. Este derecho se concedió para la construcción de un edificio con 124 viviendas y 136 plazas de garaje por parte del antiguo IVIMA. El IVIMA gestionaba los alquileres y pagaba al Grupo Ortiz por el valor de las rentas.
Dos años después, el organismo regional transfirió la titularidad de dicha parcela a la EMV de Rivas, incluyendo el derecho de superficie a favor de la empresa Ortiz, que pasó a ser responsabilidad de la EMV.
La AVS se mantuvo como garante del acuerdo y, debido al impago por parte de la empresa municipal, tuvo que asumir los costos vinculados, que posteriormente reclamó judicialmente a la EMV.
Además de la cantidad principal, se reclama también por vía judicial otro importe de 2.912.108,96 euros ante el Juzgado de Primera Instancia número 97 (Procedimiento Ordinario 2229/2024), correspondiente al mismo concepto, aunque por un periodo diferente.
En base a los antecedentes judiciales, la deuda total de la EMV por el uso de estas viviendas protegidas podría ascender a 6.216.976,89 euros, sin incluir los intereses que sigan generándose hasta su pago definitivo.
Rivas se hará cargo del pago
Desde el Ayuntamiento de Rivas han confirmado esta mañana a Noticias para Municipios que se harán cargo del pago y han asegurado que ya en distintas ocasiones el Gobierno local ha propuesto distintos planes de pago.
Fuentes municipales explican, que la EMV acordó con el IVIMA adquirir la parcela y las obligaciones con la constructora para dar opción de acceso a las viviendas a las familias de Rivas. Este acuerdo se formalizó para «evitar que todas las viviendas se destinaran exclusivamente a realojo, lo que podría producir focos de exclusión social aislados del resto de la ciudad».
Grupo Ortiz, en paralelo, «vendió a un fondo buitre el derecho de superficie sobre las viviendas. Cabe señalar que tanto Grupo Ortiz como el fondo han sido parte investigada en distintas tramas de corrupción vinculadas al Partido Popular, como la recientemente conocida vinculada al ex ministro Montoro», añaden en el Consistorio ripense.
Tras este movimiento, «las condiciones fijadas en su momento entre el IVIMA y el promotor por el cobro de las rentas eran muy perjudiciales para el Ayuntamiento de Rivas, que no compartía la especulación que dicho fondo realizaba sobre el parque público. El mismo fondo decidió denunciar el impago, que acabó abonando el IVIMA, y que es lo que hoy reclama la AVS al Ayuntamiento de Rivas«, concluyen.
Desde el Gobierno de Rivas han aprovechado para recordar la deuda que la Comunidad de Madrid tiene con el Ayuntamiento por la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que condena al gobierno autonómico a transferir más de 450.000 euros al ayuntamiento ripense por impagos sobre las escuelas infantiles.
El Gobierno madrileño espera que el Ayuntamiento «cumpla con sus obligaciones de pago»
Tras conocerse la sentencia sobre la EMV de Rivas, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha defendido, por su parte, que «la voluntad de la Comunidad de Madrid siempre ha sido evitar la judicialización de estas actuaciones».
Asegura el Gobierno regional que ha intentado resolver el conflicto por vías extrajudiciales, como el envío de cartas de requerimiento de pago, sin respuesta, o distintos contactos para acordar un plan de pago que facilitara la liquidación de la deuda, con el fin de evitar acciones judiciales sobre bienes municipales.
«Pese al escaso éxito de estas vías, la Comunidad de Madrid mantiene su intención de evitar nuevos embargos y trámites procesales que impliquen incurrir en una mayor demora en la resolución de esta controversia, y espera que la Administración local cumpla con sus obligaciones de pago de las cantidades adeudadas a la Agencia de Vivienda Social», añade la Consejería.
