Pinto acogerá una casa de acogida para menores migrantes no acompañados, una decisión que ha aireado la polémica en el municipio. En este sentido, el Ayuntamiento -gobernado por PP y Pinto Avanza- ha expresado su malestar por la «decisión unilateral» del Gobierno central de financiar esta infraestructura, de la que no ha tenido conocimiento previo.
El proyecto estaría gestionado por una entidad privada en un domicilio particular y contaría con financiación del Gobierno a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Desde el Ayuntamiento han señalado que tuvieron conocimiento de esta situación a través de los propios vecinos de la zona, y subrayan que no han participado «en ningún momento» en la evaluación de los recursos disponibles ni han podido valorar el posible impacto sobre los servicios públicos, la convivencia o la seguridad.
Ante esta situación, el Consistorio ha indicado que los técnicos municipales están analizando si esta actividad es compatible con la normativa vigente, tras recibir las primeras comunicaciones vecinales.
«El Ayuntamiento de Pinto es el primer sorprendido por esta decisión», han insistido desde el Consistorio, que ha asegurado que continuará defendiendo «los intereses de los vecinos por encima de todo».
Críticas de Más Madrid
Por su parte, Más Madrid Pinto ha respondido expresando «su absoluta repulsa a este comunicado emitido desde cuentas públicas» del Consistorio y que, afirman, se ha lanzado «sin representar a toda la corporación».
Así las cosas, desde la formación apuntan que «la seguridad de un municipio no se garantiza señalando a los más vulnerable, sino fortaleciendo las instituciones que los protegen», y advierten de que señalar a los menores por su origen o etnia «quiebra la paz social».
«Un gobierno municipal que señala a una parte de sus vecinos está creando activamente un foco de conflicto y desconfianza, lo cual es lo opuesto a garantizar la seguridad», han asegurado desde Más Madrid Pinto en un comunicado en el que llaman a cumplir con la Ley de Infancia.
En este sentido, la concejal de Más Madrid Pinto Elena Ancos ha abundado en que «la seguridad real en Pinto se construye con recursos para la mediación, educación y servicios sociales, no con comunicados que alimentan prejuicios», y recuerda que el Ayuntamiento tiene otros «muchos problemas domésticos» que atender antes que «desviar la atención» con los menores migrantes.
Clave regional
La situación en Pinto se asemeja a la Comunidad de Madrid. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha adelantado que su formación llevará a la Comunidad de Madrid a los tribunales si se niega a la acogida de más menores extranjeros no acompañados llegados de otras partes de España.
«Ayuso se va a volver a estrellar contra los tribunales una vez más en este intento de boicotear la solidaridad entre territorios en España», ha planteado Bergerot.
La formación regionalista responde así a la carta remitida este lunes por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales (Ana Dávila) al Ministerio de Política Territorial y Función Pública (Ángel Víctor Torres) por el Real Decreto-ley 2/2025. Considera el Ejecutivo regional que el mecanismo extraordinario de reubicación dictado por el mismo «ya carece de cobertura jurídica tras expirar los plazos previstos».
