Un agente de la Policía Municipal de Móstoles lleva meses apartado de sus funciones después de que un hombre al que había detenido por una presunta agresión sexual le denunciara por el supuesto hurto de unos auriculares AirPods. La denuncia dio lugar a una investigación de la Guardia Civil y a la suspensión provisional del funcionario por parte del Ayuntamiento, pese a que, según su defensa, nunca llegó a declarar como investigado.
El calvario de este agente municipal parece haber llegado a su fin. El juzgado ha archivado la causa y la resolución es firme desde el pasado 29 de octubre. Ahora, el policía reclama su reincorporación al servicio y la restitución de sus derechos profesionales y económicos.
Una denuncia del hombre al que había detenido
El origen del procedimiento se encuentra en una intervención en la que varios policías municipales de Móstoles participaron en la detención de un hombre investigado por una presunta agresión sexual.
Según sostiene la defensa del agente, el abogado penalista Jesús Pando Díaz, socio director de Pando Abogados, ese mismo día el detenido presentó una denuncia contra uno de los policías por la supuesta sustracción de unos auriculares inalámbricos AirPods.
La denuncia dio lugar a unas diligencias de investigación de la Guardia Civil. Los investigadores trasladaron posteriormente al Ayuntamiento de Móstoles la existencia de indicios que, a su juicio, apuntaban a la posible participación del funcionario en los hechos.
Aquella comunicación tuvo consecuencias inmediatas para el policía: el Consistorio acordó su suspensión provisional de funciones y el agente quedó apartado de su actividad profesional.
Desde entonces, ha tenido que afrontar las repercusiones económicas, personales y reputacionales de una medida que se ha prolongado durante meses. Una situación especialmente complicada para un funcionario que, según su representación letrada, cuenta con una trayectoria profesional sin antecedentes disciplinarios.
Los AirPods aparecieron en el domicilio del denunciante
Uno de los elementos más relevantes para la defensa se encuentra en las propias diligencias policiales y tiene que ver con el destino de los auriculares cuya supuesta sustracción originó la investigación.
Según consta en las actuaciones, el denunciante comunicó posteriormente que había recuperado sus AirPods sobre el muro exterior de su domicilio. El hallazgo quedó documentado mediante material videográfico incorporado a la investigación.
Los auriculares no fueron encontrados en poder del agente investigado. Además, según Pando Abogados, el policía colaboró voluntariamente con la Guardia Civil y permitió el acceso a su domicilio en dos ocasiones para facilitar las comprobaciones.
Para la defensa, estas circunstancias cuestionaban la consistencia de la hipótesis inicial y debían ser valoradas antes de mantener una investigación con consecuencias tan importantes para la situación profesional del funcionario.
El juzgado archiva la causa sin que el agente declarase como investigado
El 13 de julio de 2026, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Móstoles, Plaza número 1, acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones. La resolución judicial consideró que existían datos para determinar la naturaleza de los hechos investigados, pero no elementos suficientes para conocer la identidad de sus autores.
Uno de los aspectos que más destaca la defensa es que el policía municipal nunca llegó a prestar declaración como investigado, ni ante la Guardia Civil ni ante el órgano judicial.
De esta manera, el agente soportó la suspensión provisional de sus funciones y sus consecuencias laborales y económicas sin haber declarado en esa condición durante la investigación penal.
El archivo adquirió firmeza el 29 de octubre de 2026, cuando se expidió la correspondiente certificación judicial al no haber sido recurrido el auto.
La resolución supone un avance para la defensa del funcionario, aunque debe precisarse que el sobreseimiento provisional no equivale jurídicamente a una sentencia absolutoria. El procedimiento queda archivado sin que se haya podido determinar quién cometió los hechos investigados.
La defensa estudia si hubo una denuncia como represalia
La coincidencia temporal entre la detención del denunciante por una presunta agresión sexual y la posterior denuncia por hurto contra el agente es otra de las circunstancias que la representación jurídica considera relevantes.
El abogado Jesús Pando Díaz entiende que esta secuencia plantea interrogantes sobre el contexto y la posible motivación de la denuncia. Por ello, su despacho estudia si existen elementos suficientes para emprender nuevas actuaciones legales ante una eventual represalia contra el funcionario.
Con la causa penal archivada y la resolución firme, la batalla del agente se traslada ahora al ámbito administrativo. Pando Abogados ha presentado ante el Ayuntamiento de Móstoles la certificación judicial que acredita la firmeza del archivo y ha solicitado el levantamiento inmediato de la suspensión provisional de funciones.
La defensa reclama que el funcionario pueda regresar cuanto antes a su puesto de trabajo y que se reconozcan los derechos económicos y profesionales que legalmente le correspondan. La solicitud continúa pendiente de resolución municipal.
Tras meses apartado del servicio, el agente busca recuperar su actividad profesional y restablecer su imagen ante sus compañeros y ante los vecinos de Móstoles. Una situación que comenzó con una intervención policial y que, después de una denuncia, una investigación y una suspensión de funciones, ha desembocado en el archivo firme de la causa.