La Oficina Antidesahucios ha atendido 34 consultas en su primer mes de vida

La sede de esta oficina está en la calle Independencia, Nº12. Allí las familias reciben asesoramiento y apoyo integral para paliar el drama personal por el que atraviesan

GETAFE/ 7 OCTUBRE 2015/. En su primer mes de funcionamiento, la Oficina Antidesahucios ha atendido 34 consultas ciudadanas de las cuales 19 corresponden a familias mostoleñas que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca;  12 a vecinos que viven de alquiler y no pueden pagar la renta y 2 a personas a las que se reclama la devolución de cantidades abonadas en concepto de impuestos derivados de la dación en pago de la vivienda.  Otro de los afectados presenta unas circunstancias especiales que no permiten incluirle en ninguno de los tres apartados anteriores, pero en breve se verá en la calle sin una alternativa habitacional.

En un porcentaje muy elevado, las situaciones de impago de hipoteca o de alquiler están provocadas por la falta de ingresos laborales, por lo que dichas personas han sido informadas acerca de los diferentes trámites que pueden realizar tanto en Servicios Sociales, como en la Empresa Municipal de Promoción Económica (EMPESA) para el asesoramiento en la búsqueda de empleo. Asimismo, se les ha informado sobre las condiciones para poder solicitar una vivienda en el Instituto Municipal de Suelo de Móstoles (IMS). En caso de que tengan problemas médicos crónicos, se les ha asesorado de la posibilidad de obtener un certificado de grado de minusvalía en el Centro Base del IMSERSO y desde la propia Oficina se está realizando una labor de seguimiento.

Hacia una ciudad libre de desahucios

Para David Lucas, alcalde de Móstoles, este primer balance de la Oficina Antidesahucios, pone de manifiesto que “desde el Ayuntamiento se está prestando un servicio que consideramos fundamental, incluido dentro de las prioridades que el Gobierno Municipal se ha marcado para que en la ciudad de Móstoles no se produzca ningún desahucio. Su finalidad es que quienes tengan problemas con su vivienda, encuentren una respuesta y ayuda por parte del Ayuntamiento”.

“Pero su razón de ser no sólo se queda en los problemas habitacionales derivados de un posible desahucio, ni en relación con el pago de su renta, sino que también se centra en el seguimiento por parte de Servicios Sociales para la obtención de ayudas públicas, y para ayudarles, en el caso de que no tengan posibilidad de acceder a un trabajo, a través de las oficinas de empleo municipales, a que la formación profesional sea también un recurso disponible desde el Ayuntamiento, que les facilite una salida laboral”, ha explicado el regidor.

Asesoramiento e intermediación

La Oficina Municipal de Defensa al Derecho de la Vivienda se inauguró el pasado 4 de septiembre de 2015 con el objetivo de ofrecer asesoramiento e intermediación en materia de vivienda e informar de las ayudas que, tanto desde la Administración Pública como desde las entidades bancarias, se puedan ofrecer a aquellos ciudadanos que tengan problemas habitacionales y también en casos de posibles desahucios. Se ubica en la planta primera del edificio de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda (calle Independencia, nº 12).

Durante su primer mes de funcionamiento, han solicitado consulta personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca, en concreto quienes están al día en el abono de las cuotas, pero que no van a poder seguir pagando y otras que ya han tenido una ejecución hipotecaria y se encuentran a la espera del lanzamiento. En otras situaciones se trata de personas que viven de alquiler, pero que no van a poder seguir pagando debido a su situación económica, e incluso ciudadanos que viven en habitaciones alquiladas.

En la Oficina, los técnicos valoran individualmente cada caso, solicitando la documentación relativa a su situación para poder informar a los afectados de qué trámites pueden seguir para hacer posibles reclamaciones de cláusulas abusivas, y cláusulas suelos, entre otras circunstancias.

Asimismo, son asesorados sobre las obligaciones de las entidades bancarias en relación a la posible aplicación del Código de Buenas Prácticas. Al estar muchas personas en situación económica precaria, se les ha facilitado los datos del Colegio de Abogados para que puedan solicitar, si lo necesitan, un abogado de oficio. En muchos casos la Oficina se ha puesto en contacto con las entidades bancarias para mediar en nombre de los ciudadanos e intentar encontrar una solución consensuada.