El Ayuntamiento de Móstoles celebrará este viernes un Pleno extraordinario para informar de la renuncia del concejal del PP responsable del área de Participación Ciudadana, Raúl Gallego.
La dimisión del edil, que ha dejado su cargo «guiado por la conciencia», se produce semanas después de que una exconcejal acusara al alcalde, Manuel Bautista, de presunto acoso. De acuerdo con el diario ‘El País’, Gallego formaría parte del entorno de la exedil denunciante.
En la carta de renuncia, remitida por Gallego el pasado lunes, el concejal señalaba que durante su etapa en el Gobierno municipal ha intentado actuar «con honestidad, cercanía y coherencia». «Ahora inicio una etapa en la que quiero priorizar a mi familia y mis proyectos personales y profesionales. Lo hago desde la serenidad y la paz, convencido de que cada etapa tiene su momento», expresaba en el escrito.
Gallego indicaba asimismo que cerraba «una etapa que ha sido intensa, exigente y profundamente enriquecedora». «He tenido el honor de servir a esta ciudad desde la responsabilidad institucional, intentando siempre actuar con honestidad, cercanía y coherencia. No siempre ha sido fácil, pero puedo decir con tranquilidad que cada decisión que he tomado ha sido guiada por la conciencia y el compromiso con lo que consideraba justo», recogía la carta.
Desde el Ayuntamiento mantienen que se trata de «una renuncia fruto de una decisión personal». Según el orden de la candidatura, la sustitución correspondería a Emilia Plaza.
«Expansión de bulos»
La semana pasada tuvo lugar otro Pleno extraordinario, solicitado por la oposición (PSOE, Más Madrid y Vox), para tratar las acusaciones de presunto abuso sexual formuladas por la exedil.
En esa sesión, el alcalde acusó al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «expandir bulos» contra él con el objetivo de gobernar en la ciudad «de forma absolutamente antidemocrática» y afirmó que defenderá su honor «con uñas y dientes».
En su opinión, la situación «no le va a salir gratis» al presidente del Gobierno, a quien atribuye directamente una «campaña absoluta de deshumanización de una persona».
Durante la sesión, los grupos reclamaron al regidor que diera un paso al lado al considerar que la situación generaba un perjuicio institucional.
