Giro en el ‘Caso ITV’ en Móstoles. La exedil de Podemos Natividad Gómez se ha desmarcado del origen del expediente y apunta en su escrito de defensa a la exalcaldesa Noelia Posse (PSOE), a quien acusa de traer «sorpresivamente» a la Junta de Gobierno el acuerdo para la condonación de la deuda a la empresa ITV Móstoles.
Hace ya más de un año que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles, María Pinto, decidió abrir juicio oral contra la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse (PSOE) y ocho de sus ediles de su equipo de Gobierno en la anterior legislatura por la condonación de deuda en el conocido como ‘Caso ITV‘.
En el auto, al que tuvo acceso Noticias para Municipios, se declaró órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid, que ya ordenó hace meses la reapertura de las diligencias después de que en un primer momento la jueza archivara las actuaciones.
El tribunal deberá discernir si se perjudicaron las arcas municipales cuando el Ayuntamiento decidió condonar la deuda de una empresa encargada de realizar las inspecciones técnicas de vehículos, a pesar de contar con un informe desfavorable del interventor, quien había alertado sobre la ilegalidad del procedimiento.

La exedil de Podemos se desmarca
La exedil de Podemos en Móstoles Natividad Gómez, que está investigada en esta causa por la presunta comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha pedido su absolución tras alegar en su escrito de defensa que «no tuvo intervención alguna en el expediente».
Gómez, que abandonó la política hace dos años, se desmarca de esta manera de la gestación del acuerdo en un escrito de defensa, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso Noticias para Municipios, donde rechaza todas las acusaciones de prevaricación y malversación y atribuye a la exalcaldesa la iniciativa y dirección del acuerdo de Junta de Gobierno.
«La acusada es concejal sin competencias específicas en la materia, sin intervención alguna en el expediente, careciendo de competencia ejecutiva o decisoria individual sobre el asunto. No intervino ni en la gestación, ni en la tramitación ni en la ejecución del acuerdo. No tuvo participación individual alguna«, añade el escrito.
Además, la exedil de Podemos insiste en que su voto en la Junta de Gobierno del 1 de septiembre de 2020 se limitó a «seguir instrucciones expresas de su partido dentro del pacto de coalición con el PSOE», obedeciendo lo que define como una «disciplina política».

Apunta a la exalcaldesa Noelia Posse y al tesorero
Por otro lado, el escrito de defensa sostiene que el asunto llegó por «sorpresivamente» a la Junta de Gobierno a propuesta de la entonces alcaldesa Noelia Posse, y que fue presentado como un punto urgente avalado por informes técnicos que parecían favorables y que estaban respaldados por el Tesorero Municipal, Francisco Javier Torner.
Por último, la defensa insiste en que Gómez no tuvo acceso al expediente completo ni conocimiento del informe jurídico desfavorable, además de que actuó «de buena fe» y «confiando legítimamente en los informes municipales y en el criterio de los técnicos y del Tesorero».
Por todos estos motivos, la defensa solicita el sobreseimiento para Gómez o, de manera subsidiaria, su absolución, alegando ausencia de dolo, falta de competencias en la materia y vulneración de su derecho a la presunción de inocencia.

La Fiscalía pidió 12 años de inhabilitación para Posse
Este escrito de defensa es uno de los últimos que quedan por presentar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles, que ya dictó en septiembre de 2024 apertura de juicio oral contra Posse, Gómez y otros siete ediles en la anterior legislatura por la presunta comisión de un delito de prevaricación y malversación.
Hace varios meses conocíamos ya que la Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada solicitaba una condena de 12 años de inhabilitación para la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse (PSOE) y ocho de sus ediles en la anterior legislatura por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación al llamado ‘Caso ITV’.
En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Noticias para Municipios, la Fiscalía entendía que existía un delito de prevaricación por el perjuicio causado a las arcas municipales por la condonación de una deuda de más de 2 millones de euros a la citada ITV Móstoles.
La Fiscalía insistía en que los acusados “ocasionaron un perjuicio económico” al Ayuntamiento en este ‘Caso ITV’ al acordar por la vía de urgencia reducir al 50% la deuda del concesionario, el canon anual y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda a razón de 30.000 euros anuales.

La acusación particular pide cárcel
Sin embargo, no veía un delito de malversación, por lo que no solicitaba penas de cárcel ni para Noelia Posse ni para el resto de acusados. Algo con lo que los dos exediles de Más Madrid que presentaron la querella inicial, Gabriel Ortega y Susana García Millán, no están de acuerdo, ya que aseguran que hubo delito de malversación de caudales.
Por ello, en su escrito de acusación, al que ha tuvo acceso Noticias para Municipios, los exediles de Más Madrid Ganar Móstoles sí han solicitado 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación absoluta para Noelia Posse y sus ocho ediles por el ‘Caso ITV’, a los que acusa de un delito de prevaricación y malversación.
En concreto, el escrito presentado al Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles, previo a la apertura de juicio oral, acusa tanto a Noelia Posse como el resto de ediles que formaban parte de la Junta de Gobierno local, de «perdonar, presuntamente, 1.172.106,52 euros» a la empresa ITV Móstoles en cánones municipales.
El Ayuntamiento de Móstoles, que se personó también en la causa con la entrada del nuevo equipo de Gobierno, también se sumó a la tesis de Más Madrid, ya que entienden que sí que hubo delito de malversación de caudales en la actuación de Noelia Posse y sus ediles.

Noelia Posse y 8 ediles acusados
Además de Natividad Gómes y Noelia Posse, la acusación también se dirige contra el exprimer teniente de alcalde David Muñoz; la exconcejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; el exedil de Seguridad, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y a la exedil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz.
Todos ellos continúan hoy en día como concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, con la propia Posse como portavoz municipal, una vez que fueron desalojados del Gobierno municipal tras la victoria de PP y Vox en las últimas elecciones municipales.
También están investigadas las exediles de Igualdad, Dolores Triviño y Beatriz Benavides, ambas del PSOE, y el exedil de Hacienda y de Recursos Humanos, Aitor Perlines (PSOE), que sigue una defensa separada de los otros ediles y que también formaban parte de la Junta de Gobierno local que aprobó en 2020 la condonación.
