El Gobierno de Móstoles ha defendido este jueves en el Pleno su decisión de no personarse como acusación particular en el procedimiento judicial abierto por el derribo de la Casa Roja. El concejal de Presidencia y Hacienda, Sergio María Soler, ha argumentado esta postura apoyándose en un informe de los servicios jurídicos municipales, después de que el PSOE reclamara que el Consistorio se sumara a la causa para defender el interés público y el planeamiento urbanístico.
El PSOE pide que el Ayuntamiento se persone
La polémica surgió tras una pregunta formulada por la concejala socialista Noelia López, quien recordó que la Fiscalíaha denunciado presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico por la demolición del inmueble protegido de la calle Ricardo Medem.
La edil defendió que el Ayuntamiento también es una administración perjudicada por la pérdida de este edificio singular y sostuvo que debía ejercer la acusación particular para velar por la legalidad urbanística. Además, pidió paralizar la tramitación del proyecto previsto para el solar y advirtió de que la inacción municipal podría derivar en responsabilidades.
Mientras el PSOE insiste en que el Ayuntamiento debería estar personado en la causa para defender el patrimonio municipal, el Gobierno del PP mantiene que la legislación y la jurisprudencia impiden dar ese paso y que la responsabilidad de ejercer la acusación corresponde al Ministerio Fiscal.
“El Ayuntamiento no es el perjudicado directo”
En su respuesta, Sergio María Soler leyó el informe emitido por el área jurídica municipal. Según explicó, los presuntos delitos investigados “se han producido en un predio particular”, por lo que el Ayuntamiento “no es el perjudicado directo”, una circunstancia que, según ese informe, impide su personación como acusación particular.
El edil añadió que la doctrina fijada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional limita la intervención de las administraciones públicas en procedimientos penales cuando no tienen la condición de perjudicadas, al entender que la defensa del interés general corresponde al Ministerio Fiscal.
El Gobierno reivindica su actuación
Soler recordó además que el Ayuntamiento sí actuó cuando tuvo conocimiento de los hechos, presentando una denuncia ante la Fiscalía, paso que desembocó en la apertura de las diligencias judiciales.
Asimismo, defendió la actuación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, asegurando que ha tramitado “de manera impecable” dos expedientes sancionadores junto con las correspondientes medidas de paralización de las obras.
