Las nuevas viviendas de Avintia en el PAU-4 de Móstoles/ Avintia
Proyecto de viviendas de Avintia en el PAU-4 de Móstoles/ Avintia

El conflicto por una parcela municipal del PAU-4 de Móstoles ha entrado en una nueva fase judicial. La constructora AVINTIA ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento 19.685.046 euros, más intereses, por la resolución de la concesión demanial de los terrenos, después de que su reclamación administrativa quedara desestimada por silencio administrativo. El conflicto viene derivado, según el Consistorio, de una concesión «chapucera» que se realizó por parte del Gobierno del PSOE.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite el recurso presentado por la empresa, un paso que formaliza el procedimiento judicial y mantiene abierta una reclamación que puede tener un impacto económico relevante para las arcas municipales.

El caso tiene su origen en una concesión municipal del anterior Gobierno local que contemplaba el desarrollo de un proyecto residencial de aproximadamente 300 viviendas en el PAU-4. La operación se convirtió posteriormente en objeto de controversia entre la empresa y el Ayuntamiento, que promovió la resolución de la concesión y la recuperación de la parcela.

El barrio del PAU-4 de Móstoles
El barrio del PAU-4 de Móstoles

El Ayuntamiento cuestiona el proyecto residencial

Fuentes del Ayuntamiento de Móstoles consultadas por Noticias para Municipios sitúan el origen de la reclamación en una concesión otorgada durante el anterior mandato del PSOE. El Gobierno municipal califica aquella operación de «chapucera» y sostiene que las 300 viviendas previstas se sumaban a las más de 700 que ya estaban contempladas en la zona.

Según el Ejecutivo local, este incremento residencial podía generar problemas de movilidad y afectar a la calidad de vida de los vecinos de Móstoles Sur. Por este motivo, el actual Gobierno municipal promovió la resolución de la concesión alegando razones de interés público.

La documentación de la Junta de Gobierno Local recoge que el Ayuntamiento comunicó a AVINTIA en octubre de 2023 su voluntad de resolver la concesión. En el expediente también se incorporaron informes municipales relacionados con las necesidades deportivas y los problemas de movilidad del PAU-4.

Una reclamación cercana a los 20 millones

La resolución de la concesión desembocó en una reclamación económica por parte de la empresa. AVINTIA reclama 19,68 millones de euros más los intereses correspondientes, una cantidad que el Ayuntamiento considera superior a la que, en su caso, podría resultar exigible.

Según las fuentes municipales, los informes técnicos y jurídicos del Consistorio concluyeron que la cuantía reclamada era «significativamente superior» a la que pudiera corresponder.

El Gobierno municipal asegura que, atendiendo al criterio de los servicios técnicos y con el objetivo de proteger los intereses económicos del Ayuntamiento, decidió desistir de la recuperación de la parcela.

Posteriormente, siempre según la versión municipal, fue la propia empresa la que manifestó su falta de interés en mantener la concesión y optó por acudir a los tribunales.

La alcaldesa se reúne con el Grupo Avintia, adjudicatario de uno de los complejos asistenciales/ Ayto. Móstoles
La alcaldesa se reúne con el Grupo Avintia, adjudicatario de uno de los complejos asistenciales/ Ayto. Móstoles

El PSOE reclama información sobre el procedimiento

El Grupo Municipal Socialista ha reaccionado a la admisión a trámite del recurso reclamando al Gobierno local que facilite toda la información jurídica y económica disponible sobre el procedimiento.

Los socialistas ponen el foco en la cantidad reclamada y advierten de las posibles consecuencias para las arcas municipales si finalmente el Ayuntamiento tuviera que afrontar algún tipo de indemnización.

El PSOE también señala que el proyecto previsto inicialmente en la parcela no llegó a materializarse. En este sentido, vincula el conflicto judicial con la situación del PAU-4 y con las necesidades de nuevos equipamientos del barrio.

El Gobierno municipal mantiene, en cambio, que su actuación respondió al interés general y que las decisiones adoptadas estuvieron respaldadas por los informes de los servicios técnicos y jurídicos municipales.

El caso abre ahora una nueva etapa judicial, con casi 20 millones de euros más intereses en juego y con el futuro de una parcela cuyo proyecto residencial de 300 viviendas finalmente no llegó a ejecutarse.

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