Una nueva sentencia judicial condenatoria vuelve a atragantársele al Ayuntamiento de Leganés. Hasta tal punto de que se ha visto obligado a «ajustar» el borrador del presupuesto municipal de este año -aún en negociaciones- para poder afrontar este pago millonario.
El problema de Leganés con las sentencias condenatorias viene de lejos. El nuevo Ejecutivo que entró tras las elecciones del pasado mayo, PP y Unión por Leganés (ULEG), se topó con 3,2 millones pendientes de abonar en sentencias condenatorias.
Tras intentar sin éxito cargar estos gastos al superávit presupuestario de años anteriores, el Gobierno solo logró que se aprobase una factura de 45.000 euros a la empresa ‘Harado de Construcciones’, tras las advertencias del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, que amenazó a la Corporación local con exigir «responsabilidad penal» e imponer multas coercitivas si proseguían los impagos.
Última sentencia condenatoria
Ahora, la situación se repite. En el Pleno de la pasada semana, el portavoz de ULEG y concejal de Obras, Carlos Delgado, desveló -durante el debate de un punto sobre una corrección urbanística- que una nueva sentencia condenatoria obliga a pagar al Ayuntamiento más de 2 millones de euros tras la denuncia de una empresa.
Así, el edil recordó en el Pleno que un «expediente de responsabilidad patrimonial» que atribuyó a la gestión del PSOE en los últimos ocho años supondrá un desembolso «de dos millones de euros». En este punto, afeó que finalmente termine pagando la «ciudadanía las decisiones políticas» que se adoptan en el Pleno.
«Nos hemos llevado la ingrata sorpresa de una sentencia millonaria de más de 2 millones de euros que nos ha llegado y que nos obliga a hacer ese pago»
Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés
El alcalde, Miguel Ángel Recuenco, ha confirmado a Noticias para Municipios la información que avanzó Delgado en pleno. «Nos hemos llevado la ingrata sorpresa de una sentencia millonaria de más de 2 millones de euros que nos ha llegado y que nos obliga a hacer ese pago», ha detallado el regidor.
Estación de servicio sin licencia
Se trata de una sentencia por la instalación de una estación de servicio (gasolinera) para la que se solicitó licencia, y que el Ayuntamiento denegó. La empresa recurrió a los tribunales al considerar que había «lucro cesante», es decir, que esta medida le perjudicaba enormemente al no poder ejercer su actividad económica.
La licencia fue denegada en base a la normativa local que impedía instalar estas estaciones a cierta distancia de centros educativos o viviendas, pero finalmente la Justicia le ha dado la razón a la compañía.
Con esta cantidad que los juzgados obligan a pagar al Ayuntamiento, el Ejecutivo municipal se ha visto obligado a modificar el borrador de presupuestos. «Estas sentencias te distorsionan a la hora de elaborar los presupuestos y tenemos que hacer un reajuste», ha revelado Recuenco a esta publicación digital. «Finalmente, el Ayuntamiento ha sido condenado», ha sentenciado el regidor.
Este reajuste ha ralentizado las negociaciones del Gobierno local con los grupos de la oposición, según ha admitido el alcalde.
El Ejecutivo gobierna en minoría y necesita apoyos de alguno de los grupos (Podemos, Más Madrid, Vox o PSOE) para intentar hacer prosperar las cuentas municipales. La portavoz de Vox, Beatriz Tejero, negó en el Pleno de la pasada semana que PP o ULEG se hubiesen sentado con su grupo a negociar, y con el PSOE no se han entablado contactos por el momento.
El alcalde ha dicho que su Ejecutivo está «intentando ajustar gastos e ingresos», aunque desde su entorno se baraja el mes de abril como fecha tope para llevar las cuentas a Pleno.
