GUADARRAMA/ La oposición denuncia presuntas irregularidades en dos contratos municipales

Los contratos municipales han sido cuestionados recientemente por los grupos de la oposición de Guadarrama. Los partidos APPG, PSOE y Vecinos por Guadarrama han denunciado, en una comparecencia conjunta ante la prensa, la adjudicación de dos contratos municipales que habrían sido otorgados a una empresa cuyo dueño es miembro del Partido Popular.

Se trata, según denuncian los partidos, de la empresa Loalfra S.L., administrada por un miembro de la Ejecutiva popular de Guadarrama. Esta compañía recibió dos contratos para reformar unas instalaciones deportivas y el arreglo de una acera, por 43.000 euros y 25.000 euros, respectivamente.

La cuestión también ha salido a relucir durante el Pleno de junio, celebrado ayer, ante las preguntas de todos los grupos políticos, sobre las que el alcalde respondió “personalmente no tengo conocimiento” sobre si en el momento de las adjudicaciones a dicha empresa el administrador era miembro de la Ejecutiva del PP en Guadarrama. “Conozco a la gente de mi comité ejecutivo y sé a lo que se dedican. De ahí a conocer si esas personas son administradores o no y de qué sociedades, no lo sé y no lo tengo por qué saber. Lo desconozco. Desconozco si puede existir algún documento o comunicación en este Ayuntamiento que haga constar tal circunstancia”, manifestó el regidor ante la queja del portavoz socialista, José Javier Ortega, de “nos toma por tontos”.

Diosdado Soto señaló, asimismo, que la adjudicación de los contratos menores a la empresa en cuestión “cumple totalmente con la legalidad”. El alcalde negó también tener constancia de que algún miembro de la Ejecutiva popular tuviera relación contractual con el Ayuntamiento y reiteró que se trata de una adjudicación “totalmente legal, lícita y ajustada a derecho”.

Unidos para pedir transparencia

Todos los partidos se unieron en un ruego sobre la corrupción política en el que señalaron que desde que comenzó la actual legislatura, “nos hemos visto inmersos, en diversas situaciones que, aun pudiendo considerarse estrictamente legales, han podido transmitir la sensación y opinión de que un nuevo estilo de gobierno clientelar se ha instalado en el Ayuntamiento”. El alcalde, sostienen desde la oposición, “amparado en los informes de los habilitados y los técnicos municipales, según siempre nuestra opinión, ha acelerado procesos administrativos que afectan a personas próximas a su entorno, llegando incluso a adjudicar contratos a empresas cuyos dueños o gestores pertenecen a la Ejecutiva de su partido.”

La oposición cree que “ha habido conductas reprochables y poca ética moral” en diferentes cuestiones, y ponen como ejemplo mantener abierto un negocio sin haber aportado toda la documentación necesaria para su funcionamiento legal, propiedad de la familia de la primera teniente de alcalde; la rápida de concesión de las licencias de apertura y uso a una gasolinera que pertenece a un amigo personal del alcalde; los dos contratos adjudicados a Loalfra, propiedad de un miembro de la Ejecutiva popular y amigo del alcalde; y el cambio de ubicación de los corrales de los encierros, con el único objeto de beneficiar al propietario de varios locales de la zona, una persona afín al partido y amigo personal del alcalde”.

Ante esta situación, todos los partidos de la oposición del Ayuntamiento han pedido al Gobierno local “transparencia en la gestión que viene manteniendo el actual equipo de Gobierno del Partido Popular, para que no quede ninguna duda si está beneficiando a empresas o personas afines de su partido, hecho que podría ser constitutivo de delito”.

El alcalde ha manifestado, a su vez, que “el equipo de Gobierno ha cumplido con la legalidad estrictamente en todas y cada una de las decisiones que ha adoptado desde el principio hasta el final”.