La creación de una comisión de investigación sobre la trama Púnica ha sido aprobada por unanimidad en el Pleno
El PP también ha votado a favor y ha manifestado a través de uno de uno de sus concejales, Rubén Maireles que “el PP no tiene nada que ocultar ya que aquí no han venido ni Fiscalía, ni Policía a preguntar nada”
GETAFE /18 SEPTIEMBRE 2015/. “Como estamos seguros de que nuestra gestión ha sido transparente no nos oponemos a esta comisión de investigación y aportaremos toda la información que nos sea requerida, aunque parece que no interesa la justicia sino el circo mediático”. Con esta frase, Rubén Maireles, concejal del PP, explicaba por qué su grupo iba a votar sí a la creación de una Comisión de investigación acerca de la Trama Púnica y sus conexiones con Getafe. El resto de partidos con representación en el Pleno municipal también aprobaron esta propuesta al considerar, como explicó la alcaldesa, Sara Hernández, que existen indicios de que el anterior Gobierno participó en dicha trama. De hecho, apostilló “los nombre de dos de sus concejales, Antonio José Mesa y Jesús Burranchón, aparecen en algunas de las grabaciones telefónicas del sumario de la Púnica”.
Haciendo memoria
Medio centenar de detenidos, Administraciones de cuatro regiones implicadas y al menos 250 millones de euros de dinero público adjudicados irregularmente. La Operación Púnica destapó a finales de octubre de 2014 una nueva macrooperación contra la corrupción en España. En Madrid, varios municipios de la zona sur contaban entre sus políticos y funcionarios con varios implicados. En Getafe no se efectuó ninguna detención, pero en el mes de noviembre de 2014 saltaron a la palestra los nombres de Cofely y Waiter Music. Estas dos empresas estaban siendo investigadas por ser parte del entramado de la operación Púnica.
Primero se supo que el Ayuntamiento de Getafe contrató actuaciones musicales de las fiestas patronales entre 2012 y 2014 a Waiter Music por un importe de 412.741 euros. El alcalde, Juan Soler se apresuró a dar explicaciones: “Los getafenses han ahorrado con el Gobierno del cambio hasta 500.000 euros en las Fiestas Patronales y han tenido unas fiestas espléndidas, cuya contratación ha sido transparente y rigurosa”. Junto a estas declaraciones Soler anunció que ponía a disposición de los vecinos para su consulta los contratos de adjudicación a la citada empresa. Waiter Music fue la única sociedad invitada en el negociado sin publicidad que se sacó a concurso por 136.730 euros en 2013 y que en 2014 ascendió a 205.000 euros. A estos contratos se suma otro de 2012 por 70.741 euros. Hoy se sabe que el Gobierno de Soler hizo caso omiso a un informe negativo de Intervención con respecto a estas adjudicaciones.
Modus Operandi
El artículo 170 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que, en este tipo de eventos, se pueden hacer adjudicaciones a dedo (sin publicidad) siempre que el acuerdo se suscriba directamente entre el ayuntamiento y el representante del cantante. Esto es, sin intermediarios. Dado que Waiter Music no ostentaba la representación de los artistas, lo que hacía en repetidas ocasiones era forzar que le fueran cedidos los derechos en exclusiva durante un solo día: el día propuesto para el concierto. Al hacerlo así, las Administraciones contratantes asumían el pago con un importante sobrecoste de miles de euros que iba a parar a la caja de Waiter Music, si el contratante quería contar con la actuación musical de ese artista en concreto, en esa fecha. A día de hoy, el fundador de Waiter Music, José Luis Huerta Valbuena, está en la cárcel de Soto de El Real acusado de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y fraude.
Cofely y los viajes de Soler
Tras la polémica de Waiter Music llegó la de Cofely. Esta empresa también estaba implicada en la Operación Púnica y también había sido contratado por el Consistorio getafeño en varias ocasiones: en 2009, bajo el gobierno del PSOE, le fue adjudicado un contrato de 1,2 millones de euros para la conservación, reparación, reforma, renovación y mejoras de las instalaciones de calefacción, climatización, extracción forzada, ventilación, agua caliente sanitaria y paneles solares en dependencias y edificios municipales y en 2013, el PP le adjudicó otro de 164.000 euros bajo un negociado sin publicidad para la realización de las obras de sustitución de calderas de calefacción y transformación a gas natural en el CEIP Rosalía de Castro. Cofely participó también en otra licitación de 2,8 millones, a la que se presentó junto a otras sociedades, y que finalmente fue adjudicada a la empresa Gremoba por 2,3 millones de euros.
La relación de Cofely con la Operación Púnica es clara, ya que la citada empresa formaba parte del entramado de sociedades creado por los cabecillas de la trama de corrupción organizada, David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, que operaba en varios niveles de la Administración —Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas— principalmente en las regiones de Madrid, Murcia, León y Valencia. Empresarios de sociedades constructoras, de obras y de servicios energéticos lograban irregularmente adjudicaciones de contratos y servicios públicos mediante sobornos a concejales y funcionarios, quienes utilizaban las comisiones recibidas para su lucro personal. Los empresarios se valían también de intermediarios y operaban con sociedades instrumentales. Mediante esta fórmula fraudulenta lograron, sólo en los dos últimos años, contratos públicos por valor de 250 millones de euros.
Pero Cofely siguió estado de actualidad durante algunos días más en Getafe al conocerse que la empresa invitó en dos ocasiones a París al regidor getafeño, Juan Soler. El entonces regidor aseguró en declaraciones a varios medios de comunicación que este tipo de viajes entran dentro de la actividad normal de un alcalde y que además, este en concreto “fue un petardo. Te colocan un rollo para presentarte la empresa pero no nos hicieron la más mínima insinuación”.
Una curiosidad. La Operación Púnica fue bautizada así por la Guardia Cívil por el Punica granatum, el nombre científico del granado, el árbol frutal que da la granada, en clara alusión al pez más gordo de los detenidos como supuestos integrantes de la trama: el ex consejero de Justicia, Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados.