El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido Fuenlabrada como el lugar para cerrar la campaña de las elecciones europeas, en un momento marcado por la controversia en torno al nuevo centro de acogida de menores inmigrantes que la Comunidad de Madrid planea abrir en el municipio. El proyecto, impulsado por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado una fuerte oposición del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, quien ha expresado su rechazo debido a preocupaciones sobre el uso adecuado del espacio y la integración de los menores.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha criticado la decisión de la Comunidad de Madrid de aprobar una inversión de 6,9 millones de euros para el acondicionamiento del centro de menores en La Cantueña, argumentando que esta medida se ha tomado sin consultar al gobierno municipal y que no se ajusta a los usos urbanísticos previstos ni a la ley de servicios sociales de la Comunidad.
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha defendido la necesidad de este centro para ampliar la red de cobertura y atención a los menores no acompañados, citando razones de “interés general” y “urgencia”. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha afirmado que el centro no solo beneficiará a los menores, sino que también pondrá en valor la finca y las infraestructuras existentes, aportando beneficios a la comunidad de Fuenlabrada .
Santiago Abascal también cierra su campaña en Fuenlabrada
Siempre en el centro de la polémica, el líder de Vox, Santiago Abascal, también ha elegido Fuenlabrada para cerrar su campaña electoral. Este acto se interpreta como una provocación en medio de la controversia por el centro de inmigrantes. Abascal ha enfatizado en su discurso la oposición de Vox a la inmigración ilegal y ha criticado las políticas del actual Gobierno en este sentido .
Este enfrentamiento se produce en un contexto de creciente presión sobre las comunidades autónomas para gestionar la llegada de menores inmigrantes, especialmente tras la propuesta del Gobierno central para distribuir 2.500 menores entre diversas regiones. La situación ha generado un intenso debate político, y las críticas se han elevado de todo entre el gobierno local y regional sobre la mejor manera de abordar el asunto migratorio .
