Fuenlabrada recurrirá la sentencia que da la razón a la Comunidad de Madrid en el conflicto por los terrenos de La Cantueña, donde se ubica el centro de primera acogida para menores extranjeros no acompañados.
El Gobierno municipal recuerda que la resolución no es firme y anuncia que continuará defendiendo en los tribunales los intereses de la ciudad.
Desde el Consistorio insisten en que mantienen la misma postura que hace dos años, cuando el Ejecutivo regional decidió abrir el centro por decreto.
“Defendemos a los menores y defendemos a Fuenlabrada”
El Gobierno local sostiene que el recurso presentado nunca ha pretendido impedir la atención a los menores, sino cuestionar el modelo elegido por la Comunidad de Madrid.
En este sentido, considera que el denominado macrocentro de La Cantueña “castiga y estigmatiza” a los menores al concentrarlos en un polígono industrial, en unas instalaciones que, según el Ayuntamiento, no reúnen las condiciones adecuadas para garantizar una atención correcta.
Además, reprocha al Gobierno regional haber abierto el centro “por la puerta de atrás” y sin la mínima colaboración institucional con el Ayuntamiento.
A juicio del Ejecutivo municipal, el objetivo no era mejorar la atención a estos jóvenes, sino concentrarlos en un único recurso ubicado en Fuenlabrada.
El juez da la razón a la Comunidad de Madrid
La sentencia de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid declara extinguida por prescripción la condición resolutoria que afectaba a los terrenos y ordena cancelar esa carga en el Registro de la Propiedad.
Con ello, el magistrado considera que la Comunidad de Madrid es la única propietaria de la finca y rechaza la pretensión del Ayuntamiento de recuperar esos terrenos.
Además, condena en costas al Ayuntamiento de Fuenlabrada y al Consorcio Urbanístico La Cantueña.
Un convenio firmado hace más de 25 años
El origen del conflicto se remonta a 1999, cuando el Ayuntamiento, el entonces Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y el Consorcio Urbanístico La Cantueña firmaron un convenio por el que los terrenos pasaban a manos de la Comunidad con el compromiso de desarrollar determinados usos urbanísticos.
El Consistorio entendía que ese compromiso se había incumplido y reclamaba la reversión de la finca.
Sin embargo, el juez considera que el plazo para ejercer ese derecho expiró hace años, ya que debía haberse ejercitado antes de septiembre de 2005.
El PP pide a Ayala que abandone la confrontación
Tras conocerse la resolución, la presidenta del PP de Fuenlabrada, Ana Millán, aseguró que la sentencia confirma que los terrenos pertenecen a la Comunidad de Madrid y acusó al alcalde, Javier Ayala, de mantener una estrategia de confrontación política con el Gobierno regional.
Millán reclamó al regidor que abandone los litigios judiciales y deje de utilizar las instituciones con fines partidistas.
Mientras tanto, el Ayuntamiento insiste en que el procedimiento continuará abierto, ya que recurrirá una sentencia que considera no definitiva.
